El sindicato independiente CSI-F, que forma parte de la plataforma de los empleados públicos, reclama el derecho a cobrar la paga extraordinaria suprimida, y afirma en nota de prensa que ?nos hemos unido la mayoría de los sindicatos en una reclamación colectiva?, para evitar los inconvenientes del recurso individual, que está abocado a ir al contencioso-administrativo.
La plataforma de los empleados públicos de Castilla y León, que agrupa a 17 organizaciones sindicales, ha presentado un recurso administrativo contra la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2102, y de la paga adicional del complemento específico u otras pagas equivalentes, al entenderse que los funcionarios y empleados públicos tienen derecho a cobrar esa paga. En su defecto, se reclama la parte proporcional de la paga correspondiente al periodo del 1 de junio al 14 de julio de 2012, cuando se publicó la decisión del Gobierno de suprimir la paga de Navidad.
Así lo explica uno de los firmantes de ese recurso, presentado el día 29 de enero ante la Consejería de Hacienda, que es el responsable de Administración Autonómica de CSI-F en Soria y en Castilla y León, Mariano Prieto. ?Nos hemos unido la mayoría de los sindicatos para defender los derechos de los empleados públicos, porque consideramos que tenemos derecho a cobrar la paga extra?, afirma Prieto, que recuerda que el recurso se basa en lo que dice la Constitución de España, concretamente en los artículos 9.3 que hacen referencia a la prohibición de la retroactividad de las disposiciones restrictivas que afectan a los derechos individuales; o en el 33.3, sobre vulneración de la actividad administrativa impugnada.
Además, el responsable del sindicato independiente CSI-F alude a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en el que se reconoce que el empleado público tiene derecho a dos pagas extraordinarias, y detalla cómo debe cobrarlas.
Prieto indica que la reclamación administrativa ?nos llevará seguramente al contencioso administrativo. Se busca que los empleados públicos no tengan miedo a los gastos que pueda ocasionar dicha reclamación,) que se le pudiera repercutir, sobre todo en segunda instancia?.
Por ello, la plataforma de funcionarios asume la reclamación administrativa, y la más que probable reclamación contencioso-administrativa, tomando como referencia inicial el recurso presentado por los empleados públicos de la Junta de Castilla y León y Universidades. En caso de conseguirse una sentencia favorable, la reclamación se extenderá a los trabajadores públicos de todas las administraciones y ámbitos laborales.
El responsable de CSI-F, Mariano Prieto, indica que los trabajadores que han presentado el recurso de manera individual o a instancia de algún sindicato, sin esperar al recurso colectivo, debe esperar a que le conteste la Administración o se produzca el silencio administrativo desestimatorio. Para quien así lo haya hecho, empiezan a correr los plazos para presentar el contencioso-administrativo contra la Administración.
Si no lo presenta, se entiende que desiste de su derecho y por tanto, si se ganara por parte de la plataforma total o parcialmente la demanda, (es decir, lo más factible es que se ganara la parte proporcional de la paga extra generada antes del decretazo que la quita) no podrían acogerse a dicha sentencia.
Prieto señala que la labor sindical que hay pendiente es preguntar a los que ya la han presentado a instancia de algún sindicato, si se les sufragará los posibles gastos, en caso de que haya que llevar la demanda adelante. ?Todo ello, claro está, si esto es necesario, porque si la Administración atiende nuestra reclamación administrativa y nos devuelve la paga extra y complementos que nos ha quitado no será necesario recurrir a los tribunales. Aunque nos tememos que esto no pasará?.