Los sindicatos de enseñanza animan al profesorado a secundar la huelga de enseñanza convocada para este jueves 24, en contra de la aprobación de la LOMCE y de los recortes presupuestarios en educación. El llamamiento llega desde las convocatorias de la Plataforma por la Defensa de la Educación Pública de Soria (UGT, CC.OO, STE y CGT), CSI-F (que aunque pertenece a la Plataforma ha convocado en solitario por llevar una propuesta reivindicativa diferenciada) ANPE y USO.
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) ha aclarado que no apoya la convocatoria de huelga, pero sí la manifestación que habrá mañana jueves 23 por la tarde, a partir de las 19.00 horas, que saldrá de la plaza Mayor en dirección a la Subdelegación.
La Plataforma por la Defensa de la Educación Pública de Soria ha pedido a la sociedad soriana que respalde la huelga y la manfiestación, para dejar claro el rechazo a los recortes económicos y a la nueva ley educativa LOMCE. Así lo han señalado Carlos Pascual (CGT), Amancio Romero (UGT), Ricardo Sáez (CC OO) y Anabel Blázquez (STE-Soria), en la rueda de prensa ofrecida, para informar de la convocatoria de huelga.
Recordaron que el número de profesores se ha reducido en Soria de 1472 a 1.330, a pesar de que aumente el alumnado.
También denuncia la Plataforma la falta de recursos materiales, el incremento de tasas en todos los niveles obligatorios de la educación, o la disminución de ayudas y de becas. En cuanto a la LOMCE, la ley educativa de la que tanto se ha hablado, la califican de "segregadora, elitista, autoritaria, neoliberal, e ideológica".
Por su parte, ANPE debe hacer reflexionar al Ministerio de Educación, sobre la "necesidad imperiosa de modificar la redacción actual de la LOMCE e incluso retirar algunas medidas que generan el rechazo de la comunidad educativa".
Por ello, esta organización sindical pide "como mínimo, un aplazamiento en el trámite parlamentario que permitiera revisar las medidas más controvertidas de la ley, y lograr un acuerdo básico sobre ellas", ya que la ley nace "con fecha de caducidad" y sin el mínimo consenso político y social.