Pardo teme por el futuro de la UNED y pide al Ayuntamiento de Soria que diga si va a mantener su aportación económica
Pardo recordó que el Ayuntamiento de la capital aporta el 25% del presupuesto de la UNED, y que es necesario que el Ayuntamiento aclare si va a seguir colaborando económicamente, pero no con la intención, sino con la aportación real del dinero.
Precisamente, la Diputación ha dado vía libre al pago de 185.000 euros, para el centro asociado de la UNED en Soria, que es la aportación correspondiente a 2012. Como presidente del patronato de la UNED, Pardo indicó que en este año no habrá problemas de financiación, debido a los remanentes existentes; pero reconoció que los problemas pueden llegar el próximo año, en el que habrá que afinar los presupuestos. Pardo afirmó que hará todo lo posible para que la UNED continúe con su actividad normal en Soria, como viene haciendo desde hace tantos años en Soria.
SERVICIO DE BOMBEROS
El presidente de la Diputación indicó que no hay novedades, respecto al acuerdo sobre el servicio provincial de extinción de incendios. Pardo asegura que siguen esperando una respuesta del Ayuntamiento, después de realizar una última propuesta al Ayuntamiento, en el sentido de rebajar la condición de que los bomberos profesionales estén en los parques comarcales. Ahora, Diputación acepta que esos bomberos no tengan que tener una presencia física en los parques, pero sí que estén en situación de poder llegar al parque comarcar en quince minutos, para salir junto al resto de bomberos voluntarios.
Diputación se muestra impaciente, con el paso de las semanas, al retrasarse el acuerdo sobre bomberos con el Ayuntamiento de Soria. Pardo insistió en que la institución provincial necesita una respuesta del Consistorio.
RECOGIDA DE PERROS ABANDONADOS
La Diputación ha aprobado el pliego de condiciones de adjudicación del servicio de recogida de perros abandonados en la provincia, por un importe del gasto de 16.940 euros. El valor estimado del contrato asciende a unos 67.000 euros en un periodo de cuatro años. La Diputación contrata el servicio, pero luego los ayuntamientos son los responsables de abonar el coste de la retirada de cada perro.