Sin embargo, todavía falta por saber si los sindicatos propondrán alguna propuesta, algo en lo que viene insistiendo mucho el presidente de la Diputación, Antonio Pardo, desde hace algunos días. Se da la circunstancia de que el gasto de personal es la clave de la externalización, a la vista de lo que dice el informe elaborado por Mensor, puesto que la mayor parte del ahorro que se plantea con la externalización, en torno a 1,5 millones de euros, se saca de la reducción salarial de los trabajadores, a los que se aplicaría el convenio marco nacional de residencia.
De momento, los sindicatos han guardado silencio, a la espera de analizar la situación, tras escuchar a los trabajadores de las cuatro residencias que gestiona actualmente la Diputación. Algún sindicato parece dispuesto a mover ficha, como es el caso de CSI-F, al entender que hay que valorar presentar algún tipo de propuesta, para negociar la situación que la plantea del equipo de gobierno, que pasar por la externalización y, consecuentemente, un salvaje descenso del salario de hasta un 40%, que podría provocar situaciones muy complicadas, hasta de desahucios.
También el PSOE pidió la semana pasada un informe jurídico, sobre la situación legal que plantea un descenso de salarios tan importante, en caso de que se confirme la externalización, una reducción que para los socialistas no tiene sentido, y que puede colocar a muchos trabajadores en una situación familiar muy grave.