Soria recibirá más de 3,7M€ en virtud del acuerdo político básico de Ordenación del Territorio

Como ha detallado Luis Miguel González, los municipios menores de 20.000 habitantes recibirán 1,4 millones de euros -en cuantías individualizadas que se concretarán por acuerdo de la Junta de Castilla y León, en enero-, como muy tarde en junio de 2013. El acuerdo firmado establece que todos los municipios deberán percibir un mínimo de 3.000 euros, de los cuales 2.000 surgen de un fondo autonómico que resulta de aplicar 14 euros por habitante. En su distribución se tendrán en cuenta parámetros de población, peso competencial y número de entidades locales menores, con un límite máximo por municipio de 1.500.000 euros.

Al Ayuntamiento de Soria le corresponde una cantidad próxima a los 570.000 euros, un 18% más de lo que recibió en el plan extraordinario de gasto corriente que ofreció la Junta a los municipios en 2011. La Diputación Provincial percibirá 1.108.000 euros por una parte (892.000 para gasto corriente de la propia institución, 207.000 euros para el servicio de asistencia a municipios y 8.700 para la realización de la encuesta de infraestructura local) y, con cargo a la Consejería de la Presidencia, 710.000 euros para los centros sociales que tiene en la provincia.

Dado el desarrollo del proceso de ordenación y fruto de la cooperación económica existente con las diputaciones, la Junta va a conceder una subvención de 13,6 millones de euros para ayudas generales destinadas a las nueve instituciones provinciales para el año 2013. Estas ayudas generales incluyen el fondo especial, con una aportación global de 10,8 millones de euros; el servicio de asistencia a municipios, con un total de 2,7 millones de euros, y la encuesta de infraestructuras rural, con más de 78.800 euros. El objetivo de la Junta es que la cuantía prevista para el fondo especial se incremente al menos un 10 % en el año 2014 y otro 10 % en 2015.

Desde el punto de vista jurídico, el acuerdo firmado en octubre clarifica y establece los conceptos y las ideas que van a protagonizar la nueva Ordenación Territorial. Por una parte, se crearán las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, unos espacios que servirán para planificar el conjunto de servicios de las administraciones públicas en la región. La Junta de Castilla y León acomodará progresivamente sus servicios a ese mapa de unidades básicas. Del mismo modo, se ofrecerán esos espacios a las corporaciones locales para que se puedan constituir en mancomunidades de interés general, unas figuras basadas en el principio de asociación voluntaria de municipios.

Aparte de estos aspectos generales, el acuerdo político básico contempla la flexibilización de las relaciones entre los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y los municipios de su entorno y prevé un importante papel de las diputaciones provinciales en el modelo. Las diputaciones se comprometen a participar en el proyecto de reglamento que regule, con posterioridad a la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, la asunción de manera progresiva de la cartera común de competencias de las mancomunidades de interés general, definiendo cuáles deben ser las competencias mínimas iniciales al momento de su constitución y los plazos para su definitiva asunción de competencias.

También las diputaciones se implican en la concreción de aquellos servicios locales que a día de hoy se prestan de forma mancomunada y que pueden determinar que una mancomunidad actual sea singular, como por ejemplo las de aguas, ya que el nuevo modelo de ordenación de la Junta prevé la posibilidad de hacer coexistir las nuevas mancomunidades de interés general con aquellas mancomunidades que tengan carácter singular.

A su vez, las diputaciones se comprometen a estudiar la utilización de fórmulas asociativas con las mancomunidades de interés general, y excepcionalmente con determinados municipios que permitan dotar de mayor eficacia la prestación de algunas competencias, mediante la constitución de consorcios provinciales de servicios generales presididos por estas administraciones.

En su reunión con el delegado territorial, Manuel López, Luis Miguel González ha querido conocer de primera mano el parecer de la provincia sobre el proceso de ordenación. El delegado territorial ha recordado que, desde enero, ha mantenido nueve reuniones con alcaldes para explicarles este proyecto, un programa clave de la legislatura que comenzó en 2011. Tras estas reuniones con todos los alcaldes de la provincia y las mantenidas por las dos mesas de trabajo creadas para desarrollar la ordenación, el modelo propuesto ha recibido en Soria 70 alegaciones por parte de municipios, una de la Diputación Provincial y una procedente de una entidad local menor (Abioncillo de Calatañazor).