Medio centenar de personas se han concentrado a las doce del mediodía de este miércoles 12 de diciembre para protestar contra las medidas planteadas por el Ministerio de la Justicia que encabeza Alberto Ruiz Gallardón. La convocatoria, que estaba preconizada por los jueces y fiscales de toda España en un paro de una hora, ha sido apoyada por los secretarios judiciales, personal empleado en la administración de justicia, procuradores y abogados.
En el acto, a las puertas del palacio de los Condes de Gómara, se ha procedido a la lectura de un manifiesto de igual modo que se ha hecho en todo el territorio nacional. En el mismo se aludió a la ?preocupación? de la Judicatura ante lo que consideran como ?carencias estructurales? del sistema judicial en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Así, insistieron en que la nueva Ley de Tasas limitará estos derechos, una normativa que irá en contra de las ?necesidades reales? de la eficiencia de los cometidos de esta administración. Además, han exigido al Gobierno un ?amplio Pacto de Estado? con la implicación de todos los agentes afectados con el fin de adaptar la práctica de la justicia conforme a la realidad social del país.
El encargado de dar lectura a estas y otras reivindicaciones, Carlos Sánchez, juez de la Sala de lo Contencioso Administrativo, señaló que el ministro Gallardón, con estas medidas, ha logrado ?el mérito? de unir a todos los implicados en la administración de la justicia, algo que supuso ?complicado?, pero que finalmente se ha hecho patente.
?La justicia no es gratis, pero con las tasas supondrá un sobrecoste? aseguró el magistrado, quien por otra parte, fuera de estereotipos de privilegios en la clase judicial, quiso puntualizar que la postura contraria al nuevo reglamento no venía dada por el recorte de la paga extraordinaria, sino porque se trata de una cuestión ?que afecta a la justicia en general?, recordando también que en las dos huelgas anteriores de los magistrados estos recortes salariales no se habían producido.
Además también aseguró que la postura de los magistrados no sólo responde al rechazo de las tasas, sino que la reforma ?supone un ataque al estatuto de los jueces y a la propia independencia judicial?, y a lo que consideró un ?incumplimiento palmario tajante y claro? de las premisas electorales del Partido Popular.