Unión Progreso y Democracia en Castilla y León muestra su rechazo a las declaraciones de ?zona libre de lobos?, que han hecho algunos ayuntamientos y diputaciones de la región, y propone un paquete de medidas dirigidas a paliar los efectos de los cánidos, sin acabar con ellos; una posibilidad que prohíben sendas sentencias del Tribunal de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo, y que UPyD ya advirtió en el pleno de la Diputación Provincial de Ávila.
Según los datos oficiales de la Junta de Castilla y León, la media anual de ataques se encuentra en los 640 al año, con un coste económico de 450.000 euros anual hasta 2011 tanto al norte como al sur del Duero; cifras que se alejan de los 1400 ataques de media y de los casi cinco millones de euros en costes que manejan algunas asociaciones. Si bien es cierto que las estadísticas del Gobierno regional tienden a la baja, UPyD considera que la Consejería de Agricultura y Ganadería puede asumir los daños directamente.
Del mismo modo, la formación magenta insiste en la defensa del patrimonio natural y la biodiversidad como generadora de empleo, y como legado para las ge neraciones futuras. El lobo vale más vivo que muerto y, pese a los gastos de gestión, supone un importante atractivo turístico para los amantes de la naturaleza. Asimismo, la eliminación de una especie de su hábitat natural rompe el equilibrio ecológico y puede traer consigo otro tipo de problemas con un impacto más perjudicial que el causado por la presencia del lobo.
Por ello, Unión Progreso y Democracia plantea un paquete de medidas con el fin de buscar un equilibrio entre la pervivencia de los cánidos y la labor de los ganaderos, que se concreta en:
- Realizar un verdadero censo, tal y como prometió la Junta de Castilla y León en 2011, que incorpore técnicas amplificadas de ADN, como la PCR.
- Incentivar el quehacer diario de los ganaderos con la mejora de las condiciones de trabajo de los pastores profesionales e impulsar el uso de mastines, cuyo número es aún insuficiente.
- Aumentar los fondos y reducir las trabas administrativas para la instalación de vallados protectores.
- Desarrollar una política de educación, formación y sensibilización del lobo, con el fin de potenciar el respeto a la biodiversidad y ver al lobo no como un enemigo, sino como una oportunidad.
El coordinador territorial en funciones, Rafael Delgado, critica la falta de responsabilidad de los otros partidos y al Gobierno regional ?por hacer promesas para hacerse la foto con los ganaderos, aunque ellos son los primeros que saben que es ilegal?. Delgado insiste en que el Gobierno regional ?tiene que asumir su responsabilidad? e implementar o ?al menos impulsar medidas como las citadas anteriormente?.