La posibilidad de una huelga en Ondara divide a parte de los trabajadores y a los sindicatos en un contexto marcado por la falta de producción, los impagos salariales y un conflicto laboral que se arrastra desde 2021.
La necesidad o no de convocar una huelga ha reabierto las tensiones internas en Ondara, inmersa en un conflicto laboral que se prolonga desde hace sinco años. La situación, marcada por la ausencia de producción y la continuidad de los expedientes de regulación temporal de empleo, ha llevado a posiciones enfrentadas entre una parte de los trabajadores y la representación sindical.
Un sector de la plantilla plantea endurecer las movilizaciones como respuesta a los impagos y a la falta de soluciones estructurales. Sin embargo, los sindicatos mayoritarios consideran que una huelga no tendría impacto real en las actuales circunstancias.
El conflicto no es nuevo. Desde 2021, la empresa ha encadenado hasta seis prórrogas de ERTE en un proceso que se prolongó durante casi cuatro años. El último expediente finalizó el 28 de febrero de 2026 y apenas nueve días después se iniciaba un nuevo procedimiento, reflejo de una situación estructural que no ha logrado revertirse.
En paralelo, la plantilla se ha ido reduciendo progresivamente. De cerca de medio centenar de trabajadores iniciales, actualmente quedan unos 39. De ellos, solo ocho permanecen en activo, mientras que el resto continúa afectado por el ERTE o se ha desvinculado del proyecto mediante excedencias u otras salidas.
Amor Pérez, secretaria de la Federación de Industria de CCOO en Soria, advierte de que el recorrido de la situación dependerá exclusivamente de la evolución de la empresa y de su capacidad para revertir su crisis. “Un ERTE se puede prolongar mientras existan las causas que lo justifican, y ahora mismo esas causas siguen ahí: no hay producción, no hay ventas y no hay liquidez”, explica.
La dirigente sindical añade que el preconcurso de acreedores abre un periodo de incertidumbre adicional, con varios meses en los que la empresa tratará de reorganizar su situación financiera sin hacer frente a pagos pendientes. “Estamos en un momento delicado y no hay una salida clara a corto plazo. Todo dependerá de si aparecen inversores o de si el proyecto logra reactivarse”, apunta.
Mientras tanto, insiste en que la prioridad pasa por sostener a la plantilla en el tiempo y minimizar el impacto de unas medidas que, previsiblemente, seguirán marcando el día a día de los trabajadores.
Las dificultades se trasladan directamente a los trabajadores. Los 8 empleados que siguen en activo, todos técnicos, acumulan dos nóminas impagadas, mientras que quienes permanecen en ERTE llevan 3 impagos salariales.
A esta situación se añaden cantidades pendientes de expedientes anteriores que, según estimaciones sindicales, rondan los 10.000 euros por trabajador. Parte de la plantilla ha iniciado ya reclamaciones judiciales para intentar recuperar estos importes dentro de los plazos legales.
En este contexto, la tensión interna ha ido en aumento. Un sector de los trabajadores plantea la convocatoria de una huelga como medida de presión, aunque los sindicatos mayoritarios descartan por ahora esta opción al considerar que carece de eficacia en un entorno sin producción y que podría agravar la situación de quienes dependen de prestaciones o ayudas.
Hoy, los secretarios generales de CCOO y UGT, María Enciso y Juan Manuel Peña han valorado las críticas recibidas en los últimos días. Los dos líderes admiten el malestar de una parte de la plantilla, pero reivindican su papel durante estos años de conflicto. “Entendemos la desesperación de los compañeros, porque la situación es muy dura, pero las decisiones no se pueden tomar en caliente ni poniendo en riesgo aún más a los trabajadores”, han coincidido en señalar.
Desde la representación sindical insisten en que su actuación ha estado guiada por el interés general de toda la plantilla, no solo de quienes permanecen en activo. “Nos debemos a todos, también a los que están en ERTE, a los que han agotado prestaciones y a quienes siguen reclamando cantidades pendientes.
No podemos actuar solo en función de una parte, por muy legítima que sea su posición”, explica, por su parte, Amor Pérez. Los sindicalistas justifican su negativa a respaldar una huelga en las actuales circunstancias: “Sin producción, una huelga pierde sentido y puede volverse en contra de los propios trabajadores”.
Los sindicatos han puesto en valor el trabajo acumulado desde 2021, con múltiples procesos de negociación en un escenario empresarial cada vez más deteriorado. “Hemos estado en todas las mesas, hemos peleado cada prórroga y cada condición, intentando siempre minimizar el impacto. No siempre se consigue todo lo que se quiere, pero se ha trabajado con responsabilidad”, han defendido. También recuerdan que han acompañado a los trabajadores en la reclamación de deudas y en la defensa de sus derechos ante los impagos.
Pese a las discrepancias actuales, los representantes sindicales apelan a rebajar la tensión y a mantener una posición unitaria ante la empresa. “Después de cuatro años de desgaste, es normal que haya diferencias, pero ahora más que nunca hace falta cabeza fría. Vamos a seguir asistiendo a todas las reuniones y defendiendo lo que consideramos mejor para el conjunto de la plantilla”.
Mañana, la totalidad de la plantilla celebrará una asamblea. De ese encuentro dependerán en buena medida los próximos pasos en un conflicto que combina incertidumbre empresarial, precariedad laboral y un evidente desgaste tras años de negociaciones sin una solución definitiva.