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Junta y Procurador del Común refuerzan la Renta Garantizada de Ciudadanía

Junta y Procurador del Común refuerzan la Renta Garantizada de Ciudadanía

CASTILLA Y LEóN
Actualizado 24/01/2017 13:18

Suscriben un convenio para mejorar la información que comparten y para fortalecer el ejercicio de este derecho de prestación para personas de la región que se encuentran en situación de exclusión y precariedad.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el Procurador del Común, Javier Amoedo, han firmado este martes un convenio de colaboración para la coordinación de actuaciones en materia de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía.

Tras agradecer al Procurador del Común su disposición a coordinar actuaciones y colaborar con la Junta para reforzar la eficacia y la transparencia en la prestación de los servicios a los ciudadanos, García ha asegurado que este convenio va a servir para seguir mejorando una prestación esencial como la Renta Garantizada de Ciudadanía, enmarcada en la Red de Protección. El convenio responde al compromiso recogido en los acuerdos adoptados en el marco Diálogo Social, de 27 de enero de 2016 que derivan, a su vez, de la prioridad de la Junta de Castilla y León otorga a las políticas sociales que apoyan a las personas y familias que peor lo están pasando.

Refuerzo a las medidas de protección

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que en esos acuerdos se alcanzó el compromiso de ampliar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección. Para ello, en abril de 2016, se aprobó el Decreto-Ley de medidas extraordinarias para reforzar la Red de Protección referidas a las prestaciones económicas para necesidades de subsistencia que integran la Red de Protección que, en diciembre, se convirtió en Ley con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.

Esto hace posible la flexibilización, ampliación y compatibilización de las principales prestaciones y garantiza las necesidades básicas de subsistencia de familias sin especiales necesidades de inclusión social empobrecidas por la situación económica así como de las personas que, recibiendo prestaciones sociales por una actividad laboral, obtienen ingresos insuficientes para atender esas necesidades.

Alicia García ha recordado que se han incorporado medidas planteadas por el Procurador del Común para felxibilizar el reconocimiento de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección para garantizar las necesidades básicas de subsistencia. Los acuerdos también recogían el compromiso de mejorar el seguimiento y control de la actuación administrativa en materia de Renta Garantizada de Ciudadanía, por lo que hoy se ha firmado este convenio.

Coordinación de actuaciones

El objeto del convenio firmado entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Procurador del Común es el establecer un marco jurídico de colaboración específica y de comunicación para coordinar las actuaciones en materia de prestaciones previstas en el ámbito de los Servicios Sociales integradas en la Red de Protección a las familias y personas de Castilla y León afectadas por la crisis.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se compromete a facilitar periódicamente al Procurador del Común datos referidos a la gestión de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía, creando así un canal directo de comunicación que permita recibir de forma anticipada las quejas y reclamaciones admitidas en la Procuraduría del Común, además del compromiso de reducir los plazos previstos para la contestación al Procurador.

Por su parte, el Procurador del Común se compromete a informar periódicamente a la Consejería de todo lo relativo a sus actuaciones en esta materia; facilitar la información que pueda recabar sobre la tramitación de expedientes sobre la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía; colaborar con la Consejería a la hora de considerar posibles modificaciones normativas y de la práctica administrativa con el fin de reforzar, en último término, la protección del ejercicio del derecho a la prestación, apoyar y colaborar con las iniciativas de carácter informativo o divulgativo.

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