Piden un pacto de legislatura para afrontar las demandas de los funcionarios

CSIF busca un pacto de legislatura con el Gobierno, para afrontar las demandas, las reivindicaciones y las preocupaciones de los empleados públicos, una vez alcanzado el importante Acuerdo para la Mejora del Empleo Público. Así lo ha explicado el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, que este miércoles ha asistido al consejo provincial de CSIF de Burgos, junto al presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Carlos Hernando, para informar de cómo se encuentran las negociaciones con el Gobierno sobre función y pública y empleados públicos.

Para el dirigente sindical, con la negociación del acuerdo para la oferta de empleo se ha producido “un cambio de sensibilidad” del Gobierno para con las demandas de los empleados públicos. Es el primer gran acuerdo alcanzado desde 2009 con los empleados públicos, recalca, un primer paso al que tienen que seguir otros. El objetivo de CSIF es recuperar los niveles de empleo adecuados para prestar los servicios públicos con la calidad necesaria

Aunque la oferta de empleo pública conseguida a mayores en marzo, con el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, no recupera las plazas perdidas desde la crisis, en CSIF considera que sí es un primer paso para dar estabilidad, y para concienciar al Gobierno de que no pueden repetirse los recortes que se han producido con esta crisis.

El sindicato ha reclamado a la secretaria general de Función Pública, en una reunión celebrada ayer, día 9, la extensión de la tasa de reposición del 100% a más colectivos, sobre todo de la administración autonómica. Borra lamenta que mientras la crisis se ha llevado por delante 175.000 puestos de empleados públicos, siguen existiendo decenas de miles de puestos de libre disposición, asignados por los partidos políticos, que no se han recortado.

“Oposición frontal al 1%”

Borra ha expresado la “oposición frontal” del sindicato a la subida salarial del 1% para los empleados públicos, “que desgraciadamente será lo que aplicará el Gobierno si se aprueban los presupuestos”. Un rechazo que viene justificado “porque los empleados públicos llevamos perdiendo poder adquisitivo muchísimos años. En el 2009 hubo una subida del 0,3%, y desde entonces todo han sido quitas y congelaciones. Desde CSIF abogamos por recuperar las condiciones salariales que había al inicio de la crisis”, y que ha supuesto una pérdida del poder adquisitivo entre el 20 y el 25%, según CSIF.

Este sindicato independiente busca un pacto de legislatura con el Gobierno, sobre las preocupaciones y las reivindicaciones de los empleados públicos para, entre otros objetivos, recuperar las condiciones laborales perdidas desde 2010. En la mesa de la negociación está garantizar que no vuelvan a repetirse los recortes de personal sufridos estos años, o la aprobación de la ley de función pública en la Administración General del Estado.

La modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que ha quedado obsoleta y no responde a las necesidades de la sociedad española; la indefensión en la que se pueden encontrar los empleados públicos de Cataluña; la ‘remunicipalización’ de servicios que se está propiciando en algunos ayuntamientos; o la posible exclusión de varios miles de docentes en Valencia de las bolsas de empleo, como consecuencia de la política lingüística del Gobierno valenciano, son otras de las inquietudes de CSIF que ha trasladado al Gobierno.

12.000 plazas para reducir la temporalidad en CyL

En Castilla y León, el reciente acuerdo de oferta de empleo permitirá generar más de 12.000 plazas vinculadas a la reducción de temporalidad, en tres años, que se sumarán a la tasa de reposición habitual. Además, hay que añadir otro número de plazas pertenecientes a servicios sociales, que todavía no están contabilizadas. Plazas que no suponen un incremento de puestos, sino estabilizar y fijar un empleo que ahora es temporal e interino, aclara Borra.

En las administraciones transferidas de Castilla y León, el porcentaje regional de interinidad está en el 17,1%, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 2016, recuerda CSIF. Las consejerías, departamentos y otros organismos autónomos cuentan con 1.155 interinos, un 5,8% de su personal (aunque hay servicios sociales concretos que alcanzan el 70% de interinidad); en sanidad 7.405 interinos, un 22%; o en educación no universitaria 7.127, un 23,2%.

En toda España, el acuerdo de oferta de empleo público supondrá crear más de 250.000 plazas “extras” en los principales sectores de sanidad, educación y justicia, a lo que hay que sumar las que se produzcan en los servicios sociales que atienden las autonomías. Siempre, sin tener en cuenta la tasa de reposición, que aumenta la oferta pública acordada hasta más de medio millón de plazas en España.