La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior será una herramienta de transformación política, civil, económica y de derechos

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha expuesto esta tarde en las Cortes, junto con su equipo directivo, las principales líneas de trabajo que su departamento desarrollará en la X Legislatura recién iniciada en el ámbito de la transparencia y la regeneración democrática, la calidad de los servicios, la racionalización de los servicios públicos, la evaluación de políticas públicas, la ordenación del territorio y la acción exterior. “Esta consejería será el elemento esencial para el cumplimiento de la agenda renovadora de este Gobierno”, ha afirmado Igea.

El titular del departamento ha solicitado al Partido Popular y al Partido Socialista de Castilla y León el cumplimiento de la agenda de ordenación territorial pactada por ellos mismos, les ha recordado que también votaron las leyes que permiten y fomentan la fusión de municipios y, en el caso concreto del PSOE, que “no puede hacer del consenso un candado que bloquee las reformas necesarias en la Comunidad”. Igea aboga por una política europeísta, como pilar imprescindible para el crecimiento, el favorecimiento del retorno a Castilla y León y el fomento y la integración de inmigrantes como cuestión esencial en la lucha contra la despoblación.

Los objetivos marcados por esta consejería para la gestión pública son la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la regeneración democrática y la mejora de la eficiencia administrativa. El vicepresidente Igea ha anunciado una reforma profunda del marco normativo autonómico de la transparencia -Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León- que incluirá a las Entidades Locales en su ámbito de aplicación; para ello se contará con la Federación Regional de Municipios y Provincias para analizar las posibilidades de apoyo de las diputaciones provinciales a las entidades con menos recursos y vamos a incluir un catálogo importante de materias de publicidad obligatoria, posibilitando que esta relación de contenidos se vaya incrementando de manera ágil y flexible sin necesidad de modificar la ley.

La segunda reforma inminente en este campo será el impulso al derecho de acceso a la información y la modificación del Decreto que lo regula, analizando junto con el Comisionado de Transparencia la posibilidad de incorporar las propuestas que formule en sus memorias e informes y otras tantas que podamos sugerir desde nuestra consejería. Asimismo, se impulsará la comunicación y la difusión de este derecho entre la ciudadanía y actualizará del Portal de Gobierno Abierto, cumpliendo las obligaciones de publicidad activa, pero con herramientas y un lenguaje que permitan una mejor presentación, lectura e interpretación de cuantas informaciones y datos se compartan. Y se incorporarán otras novedades, como la publicación de las agendas de trabajo de los altos cargos de la Junta de Castilla y León, y no solo las que impliquen convocatoria mediática.

La Administración autonómica contará con un Plan de Datos Abiertos, dentro de las medidas con las que se prevé incrementar la reutilización de la información pública. Esta consejería también promoverá, incentivará y reconocerá a aquellos órganos y unidades administrativas que destaquen por iniciativas en este ámbito. Otras medidas de apertura de la Administración a los castellanos y leoneses, con la finalidad de hacerlos partícipes del cambio, serán la consolidación de celebrar consejos de dirección abiertos para realizar escucha activa y rendir cuentas, formación sobre transparencia en diversos niveles de enseñanzas oficiales y la creación de nuevas cuentas institucionales de la Junta de Castilla y León en redes sociales para informar e interactuar con la ciudadanía sobre Transparencia y Gobierno Abierto.

El vicepresidente y consejero Igea ha anunciado que en los próximos días su departamento remitirá a la Comisión de Ética Pública un proyecto de reforma y endurecimiento del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad y de sus entes adscritos.

Menos burocracia y transformación digital de la Administración

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior entiende el recorte de la burocracia como una obligación de los poderes públicos, y por tal razón acometerá la simplificación de los procedimientos y la reducción del número de normas para garantizar la seguridad jurídica, reducir los costes de la Administración y para los ciudadanos e incentivar la economía y apoyar a los emprendedores.

El vicepresidente Igea ha expuesto su propósito por una Administración orientada al ciudadano, que pueda ofertarle una amplia cartera de servicios digitales y que estimule su interés por participar en la gestión y decisión de los asuntos públicos. En este sentido, la consejería pondrá en marcha en los próximos meses un Plan de simplificación normativa y de mejora de la regulación y, de forma inmediata, una norma que regule la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria en la que se describan todos y cada uno de los trámites a seguir en el proceso de elaboración de las normas, garantizando la máxima transparencia de esta información a través del Portal de Transparencia y superando con creces los estándares fijados por la normativa básica (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). Además, tramitaremos paralelamente la aprobación de un decreto por el que se actualice la metodología para la elaboración de las memorias de evaluación de impacto normativo (MAIN) con especial referencia al test PYME, al impacto en la competitividad y la unidad de mercado.

La transformación digital de la Administración estará al servicio del ciudadano, y para ello esta consejería apostará por el Servicio 012, que con la incorporación de las nuevas tecnologías se ha transformado en un servicio de atención al ciudadano global y multicanal, esencial para los ciudadanos, empresas y como propio servicio de apoyo en el proceso de transformación digital de la Administración autonómica. Al tiempo, entre las medidas previstas para esta nueva legislatura se halla la actualización permanente y la renovación de la sede electrónica.

El vicepresidente y consejero Igea ha recordado que el acuerdo de gobernabilidad incluye la creación de la Agencia Autonómica de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Asimismo, y en el ámbito de la racionalización, la consejería creará un marco regulatorio en Castilla y León estableciendo los mecanismos de creación, transformación y extinción de las entidades que forman parte del sector público de Castilla y León. Centrar el análisis en los entes públicos de derecho privado, empresas y fundaciones públicas, puesto que son las entidades que tienen un régimen jurídico más singular, como ya se ha expuesto.

Supresión de aforamientos y mayor protección a los informantes de delitos contra la Administración

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior es competente en el impulso de las iniciativas normativas sobre regeneración democrática, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Dos de las actuaciones previstas son el impulso de una reforma urgente de los artículos 22 y 29 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, con el fin de suprimir los aforamientos tanto de los procuradores de las Cortes como de los miembros de la Junta de Castilla y León; y el refuerzo de la protección a los informantes sobre delitos contra la Administración mediante el desarrollo y, en su caso, la revisión de la Ley 2/2016, de 11 de noviembre por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes.

Francisco Igea ha subrayado que su propósito es introducir las medidas precisas para generar una cultura de responsabilidad y de lucha contra la corrupción en la ciudadanía -y especialmente, en los empleados públicos-, haciendo de todos ellos aliados para luchar contra la corrupción de tal manera que denunciar posibles conductas delictivas no les suponga un daño irreparable en su reputación o actividad laboral. La finalidad máxima es establecer garantías y derechos reales para los denunciantes de posibles delitos contra la Administración, y por tanto, contra el conjunto de la ciudadanía.

En la línea de medidas expuestas, el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha destacado el anuncio de la creación de la Oficina de Lucha contra el Fraude, que pueda estar adscrita al Consejo de Cuentas.

Ordenación del territorio

El objetivo de legislatura será la constitución efectiva de mancomunidades de interés general rurales con carácter generalizado en el territorio, dejando para el largo plazo su conversión en municipios fusionados y estableciendo una regulación más novedosa y completa de las entidades locales menores. El proceso de constitución voluntario de las mancomunidades de interés general rurales se incentivará mediante subvenciones, si bien esta voluntariedad solo será en el momento inicial, porque si para alcanzar el objetivo propuesto no fueran suficientes las vías de fomento se contemplará la posibilidad de efectuar agrupaciones o fusiones forzosas.

La consejería presentará en los próximos meses un proyecto de ley que establezca y regule el mapa de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio, un proyecto de ley que será acordado. A partir de este mapa, el propósito del departamento que dirige Francisco Igea es que se desplieguen en el territorio los distintos servicios públicos que son competencia de la Junta de Castilla y León; dichas actuaciones serán coordinadas con las restantes consejerías, principalmente las de carácter social. Además, la consejería concluirá los procedimientos para constituir las mancomunidades de interés general urbanas de León, Soria, Valladolid, Medina del Campo, Benavente y Zamora -ya están iniciados- y potenciará la constitución de las mancomunidades de interés general urbanas restantes y de las rurales.

También, como actuaciones previstas en ordenación territorial, se elaborará el mapa de Áreas Funcionales Estratégicas, que son aquellas zonas de menor dinamismo económico o demográfico o afectadas por circunstancias extraordinarias y que precisen de un programa de desarrollo específico para esa área. Finalmente, en este ámbito competencial la consejería elaborará el Plan de Convergencia Interior.

Impulso al trabajo institucional y político en Europa

Las relaciones con la Unión Europea -y en concreto, con nuestro país vecino Portugal- son un elemento esencial para Castilla y León, especialmente en un momento como el actual en el que se están discutiendo las políticas europeas que regirán el próximo periodo de programación 2021-2027, con todo el impacto financiero que ello puede suponer para nuestra Comunidad.

Una prioridad de legislatura es la búsqueda de la máxima participación en el proceso de elaboración de las normas europeas en sus distintas fases y el mayor peso posible en la negociación de los contenidos de esas normas, que serán las que regirán las políticas europeas de los próximos años.

Se trabajará para hacer llegar las aportaciones de Castilla y León a las consultas públicas, ya sean de la Comisión o del Parlamento Europeo y a los dictámenes del Comité de las Regiones, trasladando los intereses de la Comunidad a los eurodiputados en el Parlamento Europeo, participando activamente en la elaboración de los dictámenes del Comité de las Regiones. Es fundamental esta participación e involucración total en todo el proceso de formulación de políticas europeas, como la política de cohesión o la política agrícola común.

Otra de las grandes áreas de trabajo en acción exterior es la cooperación con Portugal. Nos proponemos relanzar e intensificar las relaciones de cooperación con nuestros vecinos de las regiones Centro y Norte tanto Institucionalmente como en el ámbito de la cooperación de proximidad con el objetivo de agotar las posibilidades del presente periodo de programación 2014-2020, y de prepararnos para aprovechar al máximo las posibilidades y oportunidades que brinde el próximo periodo de programación 2021-2027.

Política migratoria y Cooperación para el Desarrollo

Dentro de las iniciativas vinculadas a Acción Exterior se encuentran las referentes a inmigración, emigración y Cooperación para el Desarrollo. La legislatura comienza con el IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas Inmigrantes y la Convivencia Intercultural, aprobado y negociado en el marco del Diálogo Social y vigente hasta 2021. La Red de Atención a las Personas Inmigrantes de Castilla y León será uno de los ejes sobre el que girarán las actuaciones para la efectiva integración de este colectivo.

Una de las prioridades reseñables para los próximos cuatro años, vinculadas con la emigración, será trabajar por garantizar un mínimo en la calidad de vida de aquellos castellanos y leoneses en el exterior que se puedan encontrar en una situación de precariedad. Igea ha avanzado la inminente negociación que se iniciará a finales de este año del III Plan de ciudadanía castellana y leonesa en el exterior, cuyo contenido se consensuará en el marco del Diálogo Social. Esta consejería de nueva creación, competente en la materia, dará prioridad a las ayudas a castellanos y leoneses en situación de necesidad, planteará una nueva normativa para las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, y también una regulación nueva que favorezca el retorno de emigrantes, facilitar su acceso al mercado laboral, mantener becas de estudio y apoyara acciones que mantengan viva la memoria de la emigración.

El centro de las líneas de trabajo en Cooperación para el Desarrollo serán las personas, especialmente aquellas que ven vulnerados sus derechos sociales, así como en ofrecer oportunidades para un desarrollo humano sostenible. La consejería asume como reto la elaboración y la aprobación del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León, que deberá recoger las prioridades de la política regional en esta materia para los próximos años, asumiendo los nuevos retos que nos plantea el contexto internacional globalizado, y en el que deberá consolidarse el Enfoque Basado en Derechos Humanos.

Este esfuerzo de programación se complementará con un proceso normativo que culminará con una modificación de la Ley 9/2006 de Cooperación al Desarrollo para adaptarse al actual contexto internacional y a la evolución del concepto de desarrollo. Y además, las intervenciones de cooperación para el desarrollo deberán plantearse con indicadores de seguimiento y evaluación que permitan analizar su contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la Agenda 2030.

Avances y compromiso para la Memoria Histórica

En abril de este año el Consejo Asesor de la Memoria Histórica realizó una valoración en positivo de las acciones realizadas hasta el momento por la Junta de Castilla y León y planteó una serie de recomendaciones. En consonancia y de acuerdo a ello, la nueva Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se propone elevar a rango de Ley la normativa sobre memoria histórica, la dotación de medios administrativos para la tarea, fomentar valores y principios democráticos y conocer los hechos sucedidos durante la guerra civil y la dictadura. El vicepresidente y consejero Francisco Igea ha reivindicado “la memoria de la tercera España: el valor de los no combatientes”.