Exigen a la Junta que contrate los 150 asesores laborales subvencionados en Castilla y León
CSIF asegura que estas contrataciones están dentro del plan de choque por el empleo Joven para los años 2019-2021 acordado por el Consejo de Minitros en 2018
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige a la Junta que contrate, en Castilla y León, los 150 puestos subvencionados de orientadores laborales que permite el Gobierno central, a través del plan de choque por el empleo Joven para los años 2019-2021, acordado por el Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018.
El presidente del sector autonómico de la Administración General de la Junta en CSIF Castilla y León, Mariano Prieto, insiste “en que es una oportunidad que no se puede perder. En una Comunidad que necesita tanto empleo y oportunidades para nuestros jóvenes, y que sufre graves problemas de despoblación, que la Junta desaproveche esas contrataciones y esas ayudas económicas sería una irresponsabilidad”.
En enero del pasado año 2019, “ya presentamos un escrito a la entonces gerente del Servicio Público de Empleo, pero ha pasado un año y la Junta no ha hecho nada, a pesar de las necesidades de empleo de nuestra Comunidad”. El ciudadano no entenderá que la Junta mire hacia otro lado, cuando puede contratar a estos orientadores laborales, cuya función será la de facilitar la búsqueda y mejora de empleo, la inserción laboral de los jóvenes, o la elaboración de itinerarios laborales personalizados en emprendimiento. Se trata de unos técnicos medios de empleo que estarán pegados a la realidad social y al territorio, es decir, a los ayuntamientos y municipios, explica Mariano Prieto.
“En CSIF somos partidarios de que estos orientadores, que tendrían un contrato de 18 meses, sean personal laboral que dependa de la Junta de Castilla y León, del Ecyl. Lo lógico que es cada una de las provincias de la Comunidad tenga, al menos, 10 orientadores laborales, número que habrá que incrementar en provincias con más población y actividad económica, como Valladolid, León, Burgos o Salamanca hasta completar los 150”, añade.
“No entendemos que la Junta no haga nada. Otras comunidades como Galicia o La Rioja sí están aprovechando esa posibilidad que ofrece el Gobierno central, y ya están haciendo convocatorias para esas plazas de orientadores laborales”, denuncia Prieto. “El problema es que ahora solo hay una cincuentena de orientadores en Castilla y León, y que hay provincias, como Soria, que solo tiene uno. Así, difícilmente se va a poder impulsar la creación de empleo, desde la visión y el trabajo que aporta esa figura del orientador”, remarca.
CSIF pide que “los orientadores laborales trabajen en municipios, y que estén coordinados entre todas las provincias de la Comunidad, porque hay gente que está dispuesta a moverse e ir donde haya y encuentre un puesto de trabajo”. Este asunto “es una cuestión del Gobierno autonómico, que puede hacer un buen trabajo independiente y de calidad, y no debe quedar en manos del diálogo social, una herramienta que no recoge toda la representatividad de la realidad social y laboral, y también sindical, de Castilla y León”, considera Mariano Prieto. “Ahora, la responsabilidad de que se hagan o no esas contrataciones, cuando estamos aún a tiempo, depende ya de los responsables del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de la Junta”, concluye.