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Fernández Mañueco traslada a los municipios mineros su apoyo y reclama al Gobierno y a la UE una transición energética justa

Fernández Mañueco traslada a los municipios mineros su apoyo y reclama al Gobierno y a la UE una transición energética justa

CASTILLA Y LEóN
Actualizado 09/03/2020 16:51

El presidente autonómico ha mantenido hoy una reunión con la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM), en la que ha insistido que estas zonas merecen la atención del Gobierno de España y la Unión Europea para compensar los cierres con inversiones y proyectos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se ha reunido esta mañana con el presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM), Mario Rivas López, junto a la presidenta de EURACOM, Ana Luisa Durán Fraguas; y los vocales de ACOM, Ángel Calvo Fernández y Aníbal Vázquez Fernández.

En el encuentro, que ha discurrido en un ambiente de cordialidad y colaboración, el presidente de la Junta de Castilla y León ha reiterado su compromiso con los municipios mineros para impulsar más oportunidades tras el cierre precipitado de las minas, sin prever las alternativas precisas.

Fernández Mañueco ha manifestado su voluntad de buscar una posición unánime en el ámbito de las Comunidades Autónomas para obtener el mayor volumen de recursos posibles. En este sentido, el presidente ha señalado que estas zonas merecen la atención del Gobierno de España y la Unión Europea para compensar los cierres con inversiones y proyectos. En palabras de Fernández Mañueco, el Ejecutivo central debe destinar los fondos suficientes para una transición energética justa.

292.648.320 euros en recursos

Durante la reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020, celebrado el pasado 26 de febrero en Villablino (León), se destacó el impulso dado al Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros con la movilización de 292.648.320 euros en recursos gestionados a través de distintas líneas de actuación en las comarcas mineras.

Entre estas líneas destacan los instrumentos de financiación a través de la Lanzadera Financiera, de Sodical y otras medidas de financiación mediante Incentivos Regionales y fondos gestionados por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón.

En concreto, entre 2016 y 2019, la Junta ha destinado 118.415.953 euros al conjunto de actuaciones de promoción de nuevas actividades vinculadas a la minería, entre ellas nuevas tecnologías para aplicaciones del carbón, el fomento de la investigación de yacimientos alternativos de minería no energética y tecnologías relacionadas con la minería aplicables a otro sectores productivos.

Asimismo, se ha fortalecido la actividad en sectores alternativos como el agroalimentario, forestal, la artesanía, el comercio y el sector turístico.

Junto a estas actuaciones se han desarrollado también mecanismos específicos para financiar todos aquellos proyectos empresariales que hayan podido surgir en los municipios afectados. Para ello durante este periodo se han movilizado 174.232.366 euros para potenciar la actividad empresarial en las cuencas mineras, a través de la Lanzadera Financiera, del Instituto Financiero Sodical, de Incentivos regionales y del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón.

Fondo de Transición Justa

Por otra parte, en la reunión Fernández Mañueco ha destacado que en los últimos meses el propio vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha defendido en el Comité de las Regiones Europa y ante responsables de la Comisión Europea que el Fondo de Transición Justa para las Regiones Carboníferas incluya fondos para territorios como Castilla y León, pese a contar ya con las explotaciones mineras cerradas.

A este respecto, cabe recordar que la Comisión Europea publicó el pasado 26 de febrero su informe de Semestre Europeo 2020 monográfico para España, en el que ya se apunta que las provincias de León y Palencia han de ser dos de las ocho provincias del país que deben ser receptoras de esos fondos de transición justa, precisamente por el impacto negativo en el empleo y en la demografía de esas zonas.

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