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Denuncian que pese a la desescalada, la Administración de Justicia no adopta medidas para un buen servicio público

Denuncian que pese a la desescalada, la Administración de Justicia no adopta medidas para un buen servicio público

CAPITAL
Actualizado 09/06/2020 09:05

CCOO denuncia que este martes se produce la incorpración 'teórica' de toda la plantilla funcionarial, un paso que se hace "a ciegas" sin tener en cuenta la posibilidad de contagios.

Este martes, CCOO ha denunciado que se sigue avanzando en la desescalada en la Administración de Justicia "sin adoptarse las medidas necesarias para poder prestar un buen servicio público".

Fuentes de la organción han indicado que partir de hoy martes 9 de junio empieza la Fase 3 de desescalada en Justicia, con una "incorporación teórica del 100% del personal", aunque es un paso que se hace “a ciegas” sin tener en cuenta los datos de contagio en Justicia. Datos que el sindicato afirman "sigue ocultando el Ministerio, sin la realización de test, y sin otras medidas de seguridad".

CCOO, organización sindical mayoritaria en el sector de Justicia en Castilla y León, han vuelto a poner volver a poner en conocimiento que el Ministerio de Justicia se niega a reconocer que este servicio tiene que cumplir estrictamente con lo establecido por la Autoridad Sanitaria para cada ámbito territorial. "De tal manera que no se puede aceptar que Castilla y León esté en la Fase 2 y los servicios de Justicia pasen a la Fase 3, como si el personal de Justicia y quien tenga que acudir a las sedes judiciales fueran ciudadanía de segunda", ha comentado Raúl Franco, delegado del sindicato en este sector, quien añade que "seguimos sufriendo una política de sinsentido".

Así, la Orden ministerial que regula el pase a la Fase 3, no contempla la obligatoriedad de mascarillas y mamparas para la atención al público. Solo se permite el turno de tarde donde la capacidad de la oficina no permita la distancia de seguridad de dos metros con toda la plantilla en el turno de mañana, sin contemplar la posibilidad de la conciliación de la vida familiar y laboral. Han reseñado en el sindicato, donde también han puesto el foco en que no se facilitan los datos de medición de los centros de trabajo y el máximo aforo posible de cada uno de ellos para garantizar la distancia de seguridad.

Así mismo, detallan que no se facilitan tampoco los datos de medición de las salas de vistas, como tampoco no se la limpieza de las mismas ni de su mobiliario y objetos entre juicio y juicio. Además, "no se realizarán controles de temperatura a la entrada de las sedes judiciales, ni se llevarán a cabo test de anticuerpos a los integrantes de la Administración de Justicia. hay estancias en sedes judiciales que carecen de ventilación; no se han realizado evaluaciones de riesgos laborales, etc.". Estas y otras cuestiones suponen que es "poner en peligro a los integrantes de la Administración de Justicia, así como a los ciudadanos que pretendan acudir a las sedes judiciales".

"Amén de la necesidad de reforzar el servicio de vigilancia a las puertas de las sedes, como el servicio de limpieza, y el de mantenimiento", apostillan.

"Las medidas preventivas planteadas por el Ministerio se establecen de una forma vaga y poco concisa, sin evaluar los riesgos en cada una de las oficinas y puestos de trabajo, necesario para disponer las medidas necesarias para evitar o reducir al máximo posible el riesgo de contagio; esto es lo que dice la Ley, lo que dicen las autoridades sanitarias, lo que propone CCOO y lo que se sigue negando a aceptar el Ministerio de Justicia", ha abundado Franco.

Por otro lado, han denunciado igualmente que dadas las "ocurrencias" del ministro y su equipo de altos cargos, quienes "viven en los mundos de Yupi", y han mostrado su temor por el que tememos este año judicial 2020 se dé por "finiquitado".

"Ya a partir del 14 de marzo lleva la Administración de Justicia confinada por el Covid-19, cumpliéndose escrupulosamente con los servicios esenciales, y más", han descrito en el sindicato, donde han vuelto a aputar al titular del Departamento, Juan Carlos Campo Moreno, quien, con las decisiones tomadas en los últimos días, junto a su "comisión de "sabios, ajenos al día a día de la Justicia desde hace muchos años, hará que lo que iba a ser un mes de agosto hábil, se convierta en la práctica en inhábil para satisfacer intereses ajenos a la Administración de Justicia y perjudicar al ciudadano, al que se deben, dado que no habrá juicios durante ese mes, y el personal que esté trabajando no podrá notificar a las partes todo el trabajo que realice porque el ministerio 'capará' el sistema de notificaciones LexNET para que así sea, teniéndose que esperar al mes de Septiembre para reiniciar la activida".

Sin embargo, para ello se hace preciso personal para trabajar, "cosa difícil, porque el Ministerio pretende cercenar la distribución de las vacaciones de los profesionales integrantes de la Administración de Justicia, que normalmente se distribuyen a lo largo de todo el año natural, pretendiendo que una parte se disfrute en el mes de agosto. Sí o sí, sin tener en cuenta que luego se concentrarán el resto solo en el último cuatrimestre del año, lo que hará que, aunque jueces y magistrados puedan estar en sus puestos, quienes no estarán serán los funcionarios de Justicia, lo que se traduce en un nuevo confinamiento, pero esta vez por voluntad y capricho del ministro, lo que denominados virus 'Campo Moreno", y a la espera de otro confinamiento por un posible rebrote del Covid en el otoño, "nada descartable" a esta fecha.

Con lo cual, para CCOO, 2020 puede darse por terminado en el ámbito de la Justicia, debido a "ideas procedentes del tardofranquismo, del vuelva usted mañana". Algo que lleva a "no querer prestar realmente un servicio público, sino, estar a los intereses particulares y económicos de unos grupos interesados en que la Justicia no funcione, y el ministro ayuda en ello".

Aún así, en el sindicato encabezado para esta actividdad por Javier Sanz de la Cal en Soria, mantienen que su primer objetivo es la protección de la salud, por lo que han avanzado que serán presentadas las denuncias que consideren necesarias por actuaciones que no cumplan con las medidas preventivas y de seguridad para garantizar la salud del personal, en el caso de no ser interrumpida la actividad ante el riesgo de contagio.

"El ministro será responsable de una eventual extensión de la pandemia en la Administración de Justicia, pues no tendrá excusas dadas las advertencias que le hemos manifestado respecto a que su Orden Ministerial no garantiza la salud del personal, habiendo hecho caso omiso a establecer las suficientes medidas obligatorias de prevención", han concluid en el sindicato.

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