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La Audiencia Provincial da la razón a Recuerdo y Dignidad

La Audiencia Provincial da la razón a Recuerdo y Dignidad

PROVINCIA
Actualizado 16/06/2020 09:17

Desestima el recurso de apelación formulado por la Fiscalía en la causa por los asesinatos cometidos en La Riba de Escalote.

Tal y como se conoció ayer, la Audiencia Provincial de Soria acordó desestimar el recurso de apelación formulado por el Ministerio Fiscal contra el auto del Juzgado de Instrucción de Almazán confirmando plenamente la decisión del juez titular de continuar con las diligencias pendientes tal y como solicitaba la Asociación Recuerdo y Dignidad. El citado auto estimaba el recurso de reforma interpuesto por la asociación soriana contra el auto anterior del juzgado que sobreseía el procedimiento. El recurso interpuesto por la Fiscalía Provincial solicitaba la revocación del auto apelado y la confirmación del sobreseimiento previamente acordado.

Según el auto de la Audiencia Provincial de Soria del que tuvo conocimiento ayer Recuerdo y Dignidad “El auto apelado explica perfectamente los motivos por los cuales debe revocar el sobreseimiento y archivo de la causa, y esperar al resultado de las diligencias de instrucción acordadas previamente en el auto de incoación de diligencias previas”. El auto del juzgado de Almazán, según cita la propia Audiencia Provincial “debe mantener la coherencia con lo previamente decidido, por razones de fondo y procesales.” Y subraya que la “resolución”, “ en la que se acordó la práctica de determinadas diligencias de investigación, es firme, y por tanto debe cumplirse en principio lo decidido en ella, salvo imposibilidad de su realización, que no es el caso”.

El auto que desestima el recurso del Ministerio Fiscal llega a afirmar que “En definitiva, el auto apelado corrige el anterior, para adecuar el procedimiento a lo que dispone la LECr.” “sin que la Sala encuentre al respecto, motivo alguno para estimar el recurso del Ministerio Fiscal, por prematuro.”

El auto concluye acordando desestimar el recurso de apelación formulado por el Ministerio Fiscal, contra el auto dictado por el Juzgado de Almazán confirmando íntegramente la expresada resolución con declaración de oficio de las costas de dicha alzada.

Desde Recuerdo y Dignidad se vuelve a denunciar la oposición que se mantiene hasta la fecha por la Fiscalía en relación con la tramitación de causas judiciales instadas para la investigación de los crímenes internacionales cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, y todo ello en base a una Circular emitida el 30 de septiembre de 2016 por la anterior Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal.

La Asociación considera que las Fiscalías Provinciales, en este caso la de Soria, no pueden ni deben oponerse a la apertura de las investigaciones judiciales por los asesinatos de civiles connaturales al levantamiento militar de 1936 pues con dicha actuación se está contraviniendo frontalmente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Conviene recordar que nos encontramos ante la única causa abierta por los Juzgados y Tribunales españoles que trata de investigar este tipo de crímenes. Una vez más, la Fiscalía con su recurso pretendía dejar en absoluta desprotección a las víctimas de la dictadura franquista, en este caso concreto discutiendo, vía recurso de apelación, el criterio del propio Juzgado.

La asociación soriana exige que desde la Fiscalía General del Estado se emita una nueva instrucción de obligado cumplimiento, que deje sin efecto la emitida el 30 de septiembre de 2016, dirigida a las distintas Fiscalías Provinciales para modificar el citado criterio y que sean los propios fiscales los que planteen la necesidad y el impulso adecuado en la tramitación de las correspondientes investigaciones judiciales en relación con los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista.

La actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en diferentes ocasiones, ha hecho pública y ha manifestado su sensibilidad en relación con los derechos que asisten a las víctimas y sus familiares de la dictadura franquista y, por tanto, debería impulsar una acción como la señalada anteriormente. Además, la actual Fiscal General del Estado es una profunda conocedora del Derecho Penal Internacional, siendo por ello plenamente consciente que a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos no se les puede negar sistemáticamente el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por último, queremos recordar que es necesaria la adopción de medidas legislativas efectivas para revertir la situación de impunidad mantenida hasta la fecha en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes que se cometieron durante la dictadura franquista y, para ello, es necesaria la implicación del Estado en su conjunto. Y en este sentido queremos instar a que la actual Fiscal General del Estado se pronuncie públicamente y comparezca en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para poner de manifiesto la vulneración de los derechos más básicos que asisten a las víctimas de la dictadura, la necesidad de impulsar todas las medidas necesarias para que, de una vez por todas, se reconozcan los citados derechos, así como para anunciar el cambio de criterio de la referida Fiscalía General al objeto de que se produzcan todas las investigaciones judiciales necesarias en relación con los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista.

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