La patronal de la Comunidad confía en que las medidas que contempla el documento se pongan en marcha sin demora y se enmarquen en un escenario presupuestario. Reclama que se siga trabajando en actuaciones que den seguridad jurídica y fiabilidad a las empresas, instrumentalizadas a través del diálogo social.
CECALE agradece la “voluntad y el compromiso” de la Junta de Castilla y León y de los portavoces y dirigentes de los principales partidos con representación en las Cortes que han firmado hoy el Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, aunque lamenta que el documento contemple el retraso en la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Comunidad. Una supresión a la que se había comprometido el Gobierno regional, según la entidad que encabeza el soriano Santiago Aparicio.
Para la patronal, este tipo de impuestos “penalizan doblemente” a Castilla y León, creando, por un lado, ciudadanos de segunda y de tercera en función de la Comunidad en la que vivan, y por otra parte, frenando la inversión empresarial, y, por tanto, la creación de empleo.
CECALE reitera que es necesaria, más en estos momentos de crisis, una “armonización fiscal”, para evitar que se agudice la deslocalización de empresas por el alto nivel impositivo, empujando a los empresarios a invertir en otras comunidades con menor carga.
Aún así, la confederación empresarial confía en que las medidas que contempla el documento se pongan en marcha sin demora y se enmarquen en un escenario presupuestario, para evitar que la Comunidad “continúe desangrándose” en términos de pérdida de empresas y empleo; pero siempre atendiendo a las verdaderas necesidades de los empresarios, “como única solución para reactivar la economía ya mermada de la Comunidad y preparar un camino que permita ganar competitividad”.
“Este es un ejercicio de responsabilidad que corresponde a toda la sociedad castellana y leonesa, y es necesario un esfuerzo por parte de todos para superar esta complicada situación”, han señalado en la patronal, donde a la vez han reclamado que se siga trabajando en medidas que den seguridad jurídica y fiabilidad a las empresas y a los inversores, instrumentalizadas a través del diálogo social, “para acelerar y no poner límites a la actividad económica de nuestro tejido productivo”.