El PP soriano acusa al PSOE de “podemizar” su postura ante la ocupación para no molestar a sus socios de gobierno

Las Cortes regionales ha aprobado una propuesta, respaldada por Partido Popular y Ciudadanos, para exigir al "Gobierno de Sánchez-Iglesias" una modificación legal que permita desalojar de forma rápida a los ocupantes ilegales y devolver los inmuebles ocupados a sus legítimos propietarios, quienes, "en la mayoría de los casos, han adquirido sus modestas viviendas con los ahorros de toda una vida y cuya propiedad y disfrute les es usurpado".

Los procuradores populares por la provincia, Pedro Antonio Heras y Jesús Peregrina han manifestado este jueves en rueda de prensa que consideran se trata de un problema creciente, pues en los dos últimos años la ocupación ilegal se ha disparado en un 23%, lo que denota una "dejadez del Gobierno PSOE-Podemos en abordar con la debida contundencia este importante problema socio-económico", al tiempo en que se acometen mejoras en su regulación legal.

Según los procuradores, “debe quedar muy claro que la ocupación no puede entenderse nunca como una vía de acceso a la vivienda, sino como un delito contra la propiedad consagrada en la Constitución en el artículo 33. El partido de Podemos considera que las formas de acceder a la vivienda son la compra, el alquiler y la ocupación, algo que rechazamos de plano los parlamentarios populares, que consideramos que la ocupación ilegal es un flagrante atentado contra el derecho constitucional de la propiedad. Y sorprende y preocupa que el PSOE, para no importunar a sus socios, 'podemice' su actitud y se muestre tibio en la defensa de este importante derecho.”

Los procuradores populares han dejado claro su rechazo a estas usurpaciones y subrayan la existencia de grupos criminales organizados que se lucran de estas actividades delictivas.

Han añadido igualmente que en consistorios gobernados por grupos políticos como Podemos, los llamados “ayuntamientos del cambio”, no solo se está tolerando este tipo de acciones, sino que incluso se abordan propuestas en materia de vivienda que "van claramente en contra de la propiedad privada, tratando de despenalizar las ocupaciones ilegales, enfoques que acaban calando en grupos antisistema que lo que hacen es usurpar a los legítimos propietarios el uso de sus viviendas, casas rurales, apartamentos en la playa, etc. adquiridos con los ahorros de familias·.

Y, según los parlamentarios, el 29% de la población tiene una segunda vivienda y, de ese porcentaje, el 23 por ciento son familias modestas y el 34% jubilados. Igualmente, han calculado que se producen 41 ocupaciones al día en España, una tendencia creciente tras la llegada del Gobierno de coalición. "Ayer mismo, en el Congreso de los Diputados, el Vicepresidente comunista Pablo Iglesias volvió a justificar la 'okupación' y a negar que está sea sea un problema. Lo que está claro es que para él y su pareja, también ministra, no es problema ya que decenas de policías custodian su mansión", han observado en el PP.

El Partido Popular de Castilla y León considera que es preciso mejorar el actual ordenamiento jurídico para proteger "más y mejor" a los propietarios y, por ello, se muestran favorables a cambiar con urgencia el ordenamiento jurídico.

"Prácticamente todos los países de nuestro entorno disponen de medidas rápidas a través del Juez o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para desalojar viviendas 'okupadas' ", han reseñado. Además, han denunciado que en muchos casos el uso que se está haciendo de las viviendas 'okupadas' se dirige a la comisión de otros delitos como robos, explotación sexual o tráfico de drogas, los llamados 'narcopisos'.

PNL

La PNL aprobada en el Parlamento regional consta de tres partes: Por un lado, instar a la Junta de Castilla y León a comprometerse contra la ocupación ilegal de viviendas. Por otro, devolver los inmuebles ocupados, impulsar la coordinación y cooperación institucional para reforzar la eficacia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia. Y por último, dirigirse al Gobierno de España para mejorar la regulación jurídica de protección de los derechos de los propietarios, incluyendo varias modificaciones legislativas. "El PSOE de Castila y León votó a favor de las dos primeras partes, pero sospechosamente se abstuvo en las exigencias al Gobierno Sánchez-Iglesias, que es quien tiene en sus manos la posibilidad de regularlo".

Para los populares, el PSOE "reconoce el problema puesto que la Fiscal General del Estado, que según el señor Sánchez 'depende del Gobierno', anunció la pasada semana una instrucción a los fiscales ante la preocupación social, que simplemente se ha sustanciado en una orden en la que se pide a los fiscales que recurran con la mayor inmediatez pero se muestra permisiva con la 'okupación' de viviendas abandonadas".

Tanto Heras como Peregrina no se han mostrado extrañados por la abstención en todos los puntos de la PNL por parte de Podemos, ya que en la formación morada "detestan la propiedad privada de los demás", si bien "lo que resulta sorprendente es que el Partido Socialista de nuestra Comunidad Autónoma se abstuviera en el punto tercero de la PNL, que hacía referencia a instar al Gobierno de Sánchez a modificar las normas para permitir una rápida devolución de las viviendas a sus dueños", por lo que a juicio de los procuradores populares, los socialistas se sitúan en una posición de "equidistancia" entre las víctimas y los usurpadores.