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El Consejo de Alcaldes del PSOE recurirá ante el TC el decreto de financiación local de la Junta

El Consejo de Alcaldes del PSOE recurirá ante el TC el decreto de financiación local de la Junta

Actualizado 29/09/2020 19:24

Los regidores socialistas consideran que la normativa “unilateral” del Gobierno regional pasaría a condicionar los recursos de los ayuntamientos. El regidor de Soria, presidente del consejo, critica el "uso y abuso" que el Ejecutivo regional hace de los municipios.

La Permanente del Consejo de Alcaldes del PSOE de Castilla y León ha acordado hoy por unanimidad presentar recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto- Ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, que tiene por objeto la modificación de la Ley 10/2014 y que convierte fondos que las entidades locales (de más de 1.000 habitantes) recibían de forma incondicionada en fondos condicionados en cuanto a su destino.

Por eso, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, tras reunir a la Permanente del Consejo de Alcaldes, considera que el decreto acordado de manera “unilateral” por el Gobierno de Castilla y León “desvirtúa la regulación de los fondos” y se realiza a través de un instrumento prohibido por el Estatuto de Autonomía. Por eso, se ha decidido, según el líder socialistra, "dar este importante paso en defensa de la autonomía local de los ayuntamientos de la Comunidad, que están siendo maltratados por el Gobierno del señor Mañueco".

El dirigente burgalés ha subrayado que “el PP no está correspondiendo a la lealtad que se le ha tenido durante estos meses. Ha roto, una vez más, un acuerdo de Comunidad cambiando la financiación destinada a los ayuntamientos, a los que dedica la mitad de dinero que otras comunidades autónomas, y haciendo más difícil que estos ayuden a sus vecinos en la peor crisis de nuestra historia”.

“La Junta de Castilla y León, Mañueco e Igea, seis meses después, no sólo no han dado ni un euro en ayudas a trabajadores, familias o empresas sino que parecen empeñados en que los ayuntamientos tampoco puedan hacerlo”, añade Tudanca.

Por eso, ha explicado, “recurrimos al Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local y de la gente de esta tierra ante un gobierno autonómico que solo está preocupado de la propaganda”. Esta normativa "impuesta por el Ejecutivo autonómico" condiciona la autonomía de los ayuntamientos "para destinar financiación a lo que de verdad necesita la gente. De esta forma, se vuelve a primar el cemento y al ladrillo".

Para la socialistas, en la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la vulneración por un Decreto-Ley de los límites materiales establecidos en su Estatuto supone a su vez una vulneración de la Constitución. De esta forma, la Junta de Castilla y León rompe de forma unilateral un acuerdo de Comunidad (La financiación local recogida en la Ley 10/2014) "en mitad de la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente".

"El Partido Popular", ha apuntado Tudanca, “aprovecha las circunstancias, en mitad de la pandemia, para colar por la puerta de atrás un ataque a la autonomía local de las entidades locales” en un contexto en el que la oposición del Partido Socialista en Castilla y León podría calificarse como "la más ejemplar de España".

Además, Tudanca y el Consejo de Alcaldes han criticado que este decreto se aprueba cambiando las reglas y sin haberlo hablado con las entidades locales, lo que representa una "falta de lealtad institucional sin precedentes". Y todo ello, según han reseñado, "impidiendo el debate y la participación ya que, al ser decreto ley, no articula ni el Consejo Consultivo, ni el Consejo Económico y Social y, lo que es más grave, ni el Consejo de cooperación local".

Por otra parte, la Permanente del Consejo de Alcaldes considera que el Gobierno de Mañueco utiliza esta herramienta como elemento de propaganda ya que esas inversiones municipales computarán como financiadas por la Junta de Castilla y León.

Por su parte, el presidente del Consejo de Alcaldes, el primer edil del Ayuntamiento de Soria, Carlos Martínez Mínguez, ha trasladado el “hartazgo” de los ayuntamientos por el “uso y abuso” que el Gobierno autonómico hace de los mismos al mismo tiempo que les pide “colaboración incondicional” para salir de esta crisis sanitaria, que se ha vuelto también económica y social.

Martínez también ha criticado que el Ejecutivo de Castilla y León “utilice 20 etiquetas para 20 problemas” sin que haya fondos extraordinarios para atajarlos. Según sostiene el alcalde soriano, el Gobierno regional "pretende combatir la despoblación, afrontar la Agenda 2030 o desarrollar el Pacto por la Reconstrucción con las mismas partidas pero con nombres cambiados". Asimismo, considera que “no podemos hacernos trampas al solitario, tampoco los ayuntamientos gobernados por el PP, porque es un autoengaño”.

Por ello, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, el burgalés Ánder Gil, ha precisado que “el Senado es la Cámara territorial de España, y los socialistas vamos a poner a esta Cámara al servicio de los castellanos y leoneses para que se dé marcha atrás a un decreto injusto. Castilla y León y sus ayuntamientos pueden contar con los socialistas del Senado”.

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