VOX denuncia que las restricciones de la Junta arruinan a la hostelería y atacan a las libertades fundamentales
Las nuevas medidas restrictivas acordadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y publicadas el sábado en el BOCYL, suponen un nuevo ataque a la libertad de los castellanos y leoneses, así como una grave consecuencia para los sectores económicos más castigados desde el inicio de la pandemia.
El procurador de Vox en las Cortes, Jesús García-Conde y los diputados de Vox en Castilla y León han manifestado su oposición a las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Castilla. "Las restricciones dictadas por el Gobierno autonómico (que justifica por el coronavirus) imponen el adelanto del toque de queda a las 20:00; el cierre del perímetro provincial o, lo que es lo mismo, la limitación de movimientos entre provincias; la permanencia en espacios públicos y privados de grupos de personas con un máximo de 4 individuos; y la reducción a un tercio el aforo para las celebraciones y encuentros religiosos sin superar un máximo de 25 personas", señalan.
Medidas que, para los representantes de Vox en Castilla y León, aparte de ser totalmente desproporcionadas, vulneran una vez más la libertad y derechos fundamentales de los ciudadanos en "nuestra región: limitan la libertad de movimientos, obligan a un encierro domiciliario e impiden la libertad de culto".
Para Vox, el toque de queda impuesto por el Gobierno autonómico entra en conflicto legal con el que establece el Gobierno de Sánchez e Iglesias, "en su ilegal estado de alarma”. El Gobierno de la Nación delega en las Comunidades, asegura, la posibilidad de gestionar esta pandemia y paralelamente condiciona a las mismas en la toma de decisiones. Igualmente las autonomías han demostrado ser incapaces a la hora de gestionar la pandemia, considera, "ya que España es el país con peores resultados en el mundo occidental al sufrir la mayor caída del PIB y de muertos por 100.000 habitantes. Una gestión negligente de la que también es responsable el caótico sistema autonómico.
Asimismo, afirma, que la Junta de Castilla y León delega la responsabilidad de hacer cumplir estas medidas de dudosa legalidad a Policía y Guardia Civil. "Una vez mas, Francisco Igea (Cs) y Alfonso Fernández Mañueco (PP) se arrogan autoridad en cuerpos de la administración que no poseen: la autoridad sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil es exclusiva del Gobierno de la nación, desarrollada en las regiones a través del delegado del Gobierno, asegura.
De igual forma, la aplicación de estas medidas van a suponer "un agravamiento de las consecuencias que ya vienen sufriendo los sectores más castigados desde el inicio de la pandemia: hostelería, centros deportivos, agencias de viajes…", dice Vox. "Estas nuevas medidas van a suponer un debacle para la ya maltrecha economía de la región, con unos trabajadores, empresarios y autónomos que continúan siendo víctimas de los desentendimientos entre administraciones, esperando soluciones que no llegan ni desde el Gobierno Central ni desde el Autonómico. Castilla y León debe protegerse pero no puede detenerse", concluye.