El Consejo de Cuentas registra el mayor cumplimiento de sus recomendaciones en toda su serie histórica

En su primera comparecencia del año 2021 ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, presentó el informe de seguimiento de las recomendaciones realizadas en 2019 ante los entes fiscalizados y explicó al detalle, antes de ser sometido a aprobación, el proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones 2021, tercer programa anual presentado por el actual Pleno del órgano de control externo de la Comunidad, que recoge 35 fiscalizaciones, que se suman a las 17 procedentes de planes anteriores cuya finalización se proyecta para este ejercicio.

Con los 35 trabajos propuestos hoy, teniendo en cuenta las 16 fiscalizaciones en elaboración y las 9 ya aprobadas en los últimos meses que están pendientes de comparecencia, el Consejo tendrá comprometidos 60 informes en diferentes fases de tramitación, expresión de la importante e incesante actividad de la institución.

Por otra parte, el informe de seguimiento de recomendaciones registra el mayor grado de cumplimiento alcanzado hasta ahora por los entes fiscalizados. En el caso de la Junta la mejora es de 29 puntos porcentuales, al pasar de un cumplimiento del 31 al 60%. Si a ello se suman las recomendaciones no aplicadas pero tomadas en consideración el grado de aceptación de las mismas por la Administración autonómica alcanza esta vez el 80%. Cumplimiento que es “el mejor reflejo de la auctoritas de la Institución en la medida en que supone que las administraciones atiendan nuestras propuestas de mejora por el prestigio de nuestros análisis y opiniones, sin que legalmente estén obligadas a ello”.

El presidente resaltó que pese a las complicaciones derivadas del inicio de la pandemia en 2020, se aprobaron 14 informes –dos más que la media anual-, se celebraron 28 plenos y compareció en 10 ocasiones en esta Comisión para presentar 28 informes. En estos dos años de mandato Amilivia suma 16 comparecencias en las que han sido presentados 45 informes, el 22% de los aprobados por el Consejo en toda su trayectoria. También, en la actual etapa se han aprobado 34 informes, de los 207 que suma la serie histórica desde 2005.

En 2020 se han obtenido unos datos de rendición de cuentas por parte de las entidades locales muy satisfactorios, solo superados por las comunidades autónomas que cuentan desde hace años con las disposiciones normativas “que también solicitamos para Castilla y León”, agregó.

Estos datos, resumen de las principales actuaciones del último año, revelan que las orientaciones del Plan Estratégico del Consejo de Cuentas están siendo un acierto, convirtiendo el órgano de control externo en una institución más eficaz y eficiente. “Por ello –afirmó- para afianzar esta línea de trabajo y en virtud del resto de los objetivos estratégicos planteados, seguimos reclamando la necesidad de adoptar las reformas normativas reiteradas, cuya puesta en marcha no debiera tener más dilaciones”. Propuesta de reformas, añadió Amilivia, que el Consejo trasladó a todos los grupos políticos el pasado mes de septiembre, tanto para reforzar la autonomía orgánica y funcional de la institución, como para estimular la rendición de cuentas y, por tanto, mejorar la transparencia de los entes fiscalizados.

Informe de seguimiento de las recomendaciones. Ejercicio 2019

Este trabajo expone el resultado del séptimo análisis de esta naturaleza que realiza el Consejo. Como consecuencia del estado de alarma y la paralización de plazos administrativos, la publicación de este informe se produjo el 20 de noviembre de 2020 cuando de forma ordinaria su aprobación se propone dentro de los 4 primeros meses del año. Los resultados han experimentado una importante mejora.

Las circunstancias sobrevenidas que llevaron la aprobación del informe al segundo semestre del año han demostrado que la reforma del reglamento propuesta por el Consejo para la ampliación de los plazos de respuesta por los entes fiscalizados está cargada de sentido. Precisó Amilivia que el plazo vigente, dentro del primer cuatrimestre del año, no representa en la práctica tiempo suficiente para que los entes auditados puedan aplicar las recomendaciones, aun teniendo voluntad de hacerlo. Se trata de establecer un plazo más razonable, dentro del segundo semestre, para obtener una imagen más fiable sobre la voluntad efectiva de las administraciones de cumplir con las recomendaciones.

De las 274 recomendaciones formuladas durante 2019, se analizan 232 contenidas en 9 informes. 42 no se analizan por ser de carácter legislativo, por haber perdido validez como consecuencia de reformas legislativas posteriores a su aprobación, o por no tener un destinatario específico.

El grado de aceptación de las recomendaciones realizadas fue del 69%, porcentaje en el que se tienen en cuenta tanto aquellas en las que se considera que se han cumplido total o parcialmente, como aquellas en las que solo se ha manifestado su conformidad. En 2018 el porcentaje fue del 61%.

Se aplicaron de forma íntegra o parcial 131 de las 232 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 56%, el mejor de la serie histórica. Se produjo un notable incremento de 14 puntos porcentuales respecto del 42% (72 de 172) obtenido en el informe de 2018.

La evolución del cumplimiento es muy heterogénea dependiendo de los entes fiscalizados que se incorporen al análisis. En 2019 se cumplieron total o parcialmente un 56%; en 2018 un 42%; en 2017 un 46%; en 2016 un 42%; en 2015 un 34%; en 2014 un 50% y en 2013 un 38%.

En los 7 años en que se lleva realizando este informe fueron aplicadas total o parcialmente 567 recomendaciones de las 1.254 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 45% para todo el periodo 2013-2019.

El porcentaje de cumplimiento es muy heterogéneo entre las diversas administraciones: las diputaciones el 64% (29 de 45 recomendaciones), municipios el 54% (81 de 150); Junta de Castilla y León el 60% (21 de 35) y finalmente la Fundación Siglo no aplicó, pero tomó en consideración las dos enviadas.

Por primera vez el cumplimiento de las recomendaciones en los informes de naturaleza legal superó al registrado en los de naturaleza especial. En los legales fueron aplicadas total o parcialmente el 62% (16 de 26) de las recomendaciones analizadas, mientras que en los especiales el porcentaje alcanza el 56%.

El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta, única administración fiscalizada todos los años, experimentó un importante ascenso respecto al año anterior. Esta es la evolución registrada: un 13% de cumplimiento total o parcial en 2013; un 20% en 2014; un 22% en 2015; un 22% en 2016; un 32% en 2017; un 31% en 2018 y un 60% en 2019, 29 puntos más que el año anterior.

Ante todo ello, el Consejo valora positivamente las mejoras introducidas mediante la aplicación de las recomendaciones, si bien insta a la puesta en práctica de las no atendidas con el objetivo general de avanzar en la calidad de la gestión pública.

Proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones 2021

El Consejo recoge 34 fiscalizaciones de carácter legal y especial, además del informe anual para el seguimiento de las recomendaciones, una programación que incluye además los trabajos de planes anteriores, 16 en la actualidad.

La solicitud recogida en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en la Comunidad al objeto de que el Consejo fiscalice la contratación realizada y las actuaciones de gestión llevadas a cabo por la Junta, sus organismos autónomos y entes dependientes durante la crisis sanitaria prioriza las actuaciones del plan de trabajo. Las consecuencias de la pandemia adquieren un carácter transversal en la programación.

Por un lado, las fiscalizaciones de carácter legal permiten una visión amplia y homogénea de las grandes líneas de la gestión pública que, en su conjunto, en el ejercicio 2020 y siguientes quedarán afectadas por el impacto del Covid-19. Igualmente, dentro de las fiscalizaciones especiales se contempla en el ámbito autonómico la fiscalización de los contratos que hayan traído causa en la pandemia, así como el análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a esta misma circunstancia. Se suma, además, el análisis en las cuentas de la administración autonómica de esta coyuntura económica.

En el ámbito local se verificará cuál ha sido el impacto sobre los tributos propios de las capitales de provincia, el destino que las entidades locales han dado a los fondos recibidos para contener las consecuencias del virus y se analizarán sus efectos en las cuentas del sector público local.

A todo ello, el plan contiene trabajos sobre las transformaciones sociales generadas por la pandemia. Así, en el ámbito de la Comunidad se plantea una auditoría sobre la seguridad de los datos en materia educativa en el curso en el que la tele-formación ha llegado a los hogares de forma súbita. Se analizará también la sistemática para el cumplimiento de la publicidad activa.

En el ámbito local, en toda una serie de ayuntamientos se refuerza la necesaria revisión de la seguridad informática. Además se analizará en cada una de las diputaciones la eficacia y eficiencia de su gestión recaudatoria. En ambos casos, la extensión e interés de la materia han aconsejado desagregar informes planteados en anteriores planes para tratar de manera individualizada las entidades auditadas.

El Consejo busca también valorar la prestación de los servicios a los ciudadanos por lo que se incluye el análisis del impacto en esa prestación de la Ley de ordenación de servicios y gobierno del territorio de Castilla y León.

Por último, se completarán determinados ciclos de fiscalizaciones como el referido a las capitales de provincia con el Ayuntamiento de Segovia o el de las universidades públicas, con la de Burgos.