Castilla y León y los chiringuitos que resisten

Antes de que la pandemia arrasase con todo, el sector público de las diferentes administraciones era uno de los debates más intensos, especialmente en campañas electores y para los partidos de la ‘nueva política’. El sector público, la administración paralela o, más despectivamente, los chiringuitos siempre se han visto como el lugar donde los partidos políticos colocan a sus afines para devolver favores y permitirles vivir, al menos temporalmente, del erario público sin pasar por una oposición ni proceso selectivo.

Ciudadanos fue uno de los partidos que más bandera hizo de esta causa en las pasadas elecciones autonómicas y ahora desde el Gobierno ha impulsado una reforma de las 16 entidades que integran el sector público. Pero pese a las declaraciones y promesas grandilocuentes del líder naranja el acuerdo está muy lejos de lo que parecía prometer Francisco Igea.

La comisión paritaria formada por Ciudadanos y por el Partido Popular ha presentado sus conclusiones. En menos de 4 meses de trabajo se han analizado empresas, entidades e institutos públicos de la Comunidad con el objetivo de “racionalizar y ajustar estos entes para ofrecer unos mejores servicios a la ciudadanía”. Las conclusiones y propuestas de la comisión dejan mucho que desear para quienes prometieron acabar con estas ‘agencias de colocación’ y solo propone una eliminación y varias reformas. Estas son las conclusiones:

• La supresión, siempre que jurídicamente sea posible, mediante la integración de funciones y estructuras de FAFECyL en el ICE bajo la forma jurídica que se considere más adecuada.

• La reforma integral de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, que reduciría su ámbito de actuación a internacionalización y promoción exterior, la gestión de los museos y centros culturales regionales, así como de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad.

• Mejoras en el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE); revisión de los procesos, del funcionamiento de las unidades territoriales y una mayor coordinación interna y con el resto de las Consejerías.

• En el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), visualizar los servicios del sector, elaborar un catálogo de buenos ejemplos, incorporar un espacio de sugerencias e impulsar proyectos de innovación y digitalización rurales, entre otras; así como en la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León para evitar duplicidades y que se regularice el régimen de personal y se planifiquen, coordinen, gestionen y ponderen según de eficacia las actividades desarrolladas.

• Analizar, para en su caso revisar la forma jurídica del Consejo de la Juventud, al no considerarse que la actual de “ente público de derecho privado” se ajuste a su naturaleza y funciones, asegurando su independencia, autonomía y libertad de acción.

• Sacar a la Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos del sector público de la Comunidad.

• La pervivencia del SERLA, acompasando la extensión de sus competencias al incremento de la disponibilidad de recursos, sea esta porque el Gobierno de España finalmente atienda el requerimiento de colaboración recibido de las Cortes de Castilla y León y de la Junta de Castilla y León, o sea gracias a la mejora de la situación económica y laboral, que nos permita liberar fondos en estos momentos destinados a otras finalidades más perentorias. Por otro lado, podría plantearse a la Fundación, en el marco de la negociación abierta, el cambio en la composición del Patronato, así como en su modelo de financiación. Por último, y dado que la Junta de Castilla y León financia el 100% del funcionamiento del SERLA, en el nombramiento de los mediadores, la comisión considera que podría ser aconsejable que participara la parte institucional del Patronato de la Fundación.

• El mantenimiento de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ASCUCyL), de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCyL), concentrar todos los recursos especializados a la política energética en el Ente Regional de la Energía (EREN) y de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCyL).

• El refuerzo de las Fundaciones de Acción Social y Tutela y del Centro de Supercomputación de Castilla y León, con una importante asunción de responsabilidades para este último.

• Una reordenación de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León SA (Somacyl) para evitar duplicidades, asumir actuaciones hidráulicas de las entidades locales y delimitar de forma adecuada sus competencias en biomasa.

• Respecto a la Fundación Instituto de Estudios y Ciencias de la Salud de Castilla y León (IESCYL), la comisión paritaria plantea que, una vez se constituya necesariamente la Fundación del IBSAL, que actualmente representa el 70% de la actividad del IESCYL, habrán de buscarse alternativas para esta que podrían pasar por adscribir la parte de investigación no relacionada con el IBSAL a la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, bien porque se fusionen ambas fundaciones, o bien porque se amplíe el ámbito de la investigación que actualmente realiza la IECSCyL.