El nuevo sistema de evaluación de la Junta servirá para comprobar la eficacia, entre otros, del Plan Soria

El vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha presentado esta mañana el estudio sobre la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en Castilla y León, que recoge la descripción de la situación actual y las propuestas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y que el Gobierno autonómico asume para su desarrollo. Entre las medidas planteadas en este estudio destaca la creación de una agencia de evaluación independiente adscrita al Consejo de Cuentas, unidades de evaluación de los centros gestores; una unidad impulsora de la evaluación, más otra unidad responsable de la integración de los resultados en el ciclo presupuestario.

La aplicación del modelo definido por la AIReF supondrá un nuevo cumplimiento de compromisos de regeneración democrática del acuerdo de gobernabilidad para la presente legislatura.

Igea, en respuesta a una pregunta de Soria Noticias, ha aclarado que el nuevo sistema de evaluación de la Junta servirá para comprobar la eficacia, entre otros, del Plan Soria. El vicepresidente de la Junta ha puntualizado que la evaluación también será provincializada, "lo más detallada y precisa posible dentro del territorio para "saber si existen políticas territoriales concretas que se deben detallar".

Francisco Igea ha señalado que el propósito de esta Junta de Castilla y León es “dar a los ciudadanos las herramientas que les permitan juzgar si estamos siendo eficaces y eficientes en la utilización de los recursos públicos que nos han confiado. Y por eso la evaluación de políticas públicas debe incorporarse al funcionamiento normal de la administración”. Al inicio de la legislatura, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior elevó a Consejo de Gobierno un acuerdo por el que encargaba a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un estudio para la implantación de un sistema de evaluación de las políticas públicas y la creación de una agencia autonómica de evaluación; y una serie de estudios monográficos de revisión del gasto en las políticas activas de empleo, becas y universidades, transferencia de valor a medios de comunicación y promoción industrial.

La presentación pública realizada hoy se corresponde con el primero de dichos estudios encargados, “el más importante”, ha destacado el vicepresidente Igea, por cuanto en él se aborda la arquitectura institucional y jurídica de la evaluación de políticas públicas en Castilla y León. Entre las consideraciones reflejadas en su estudio inicial, la AIReF afirma que “la Comunidad tiene todavía poco desarrollado su sistema de evaluación, pero en cambio cuenta con un marco normativo y organizativo con los mimbres suficientes como para poder continuar avanzando hacia una arquitectura más completa”.

Una Agencia de Evaluación independiente

La arquitectura institucional recogida en este estudio de la AIReF combina la responsabilidad de los centros gestores en materia de evaluación bajo la coordinación y orientación de una unidad impulsora de la evaluación, dentro de la propia Administración con un organismo externo e independiente de evaluación, encargado de la planificación y realización de evaluaciones independientes. El aspecto más significativo es la propuesta de crear una Agencia de Evaluación independiente vinculada al Consejo de Cuentas, responsable de las evaluaciones de resultado e impacto -la evaluación de las políticas ya ejecutadas- y tendrá una interlocución directa y fluida con la Administración autonómica. Y junto a ese primer nivel de carácter externo, la AIReF propone otros tres niveles internos de la propia Administración de la Comunidad: unidades de evaluación de los centros gestores; una unidad impulsora de la evaluación -dependiente de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior-; más una unidad responsable de la integración de los resultados en el ciclo presupuestario y en otros órganos de decisión política –vinculada a la Consejería de Economía y Hacienda-.

Para poder llevar a cabo esta transformación es preciso acompañar esta propuesta con una arquitectura legislativa en la que se sustente. A tal fin, este modelo de la AIReF abre un doble camino legislativo: primero, resulta necesario modificar la Ley del Consejo de Cuentas para crear en esta institución propia de las Cortes la citada Agencia de Evaluación y crear, mediante decreto, la Oficina de Coordinación de la Evaluación en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

Cumplimiento de medidas de la agenda de regeneración comprometidas en el acuerdo de gobernabilidad

El vicepresidente y consejero Francisco Igea ha recordado en su presentación que llevar a cabo las propuestas trasladadas por la AIReF representa, en la práctica, avanzar en el cumplimiento de dos de los puntos determinantes de la agenda de regeneración democrática incorporados entre los compromisos de gobernabilidad, suscritos por el Partido Popular y Ciudadanos, el 21 de junio de 2019. El primero de esos puntos aludía, literalmente, a la creación de la Agencia Autonómica de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, con el objeto de promover y realizar evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas de la Junta de Castilla y León, así como el impulso de la gestión de la calidad de los servicios, favoreciendo el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Por otro lado, se realizará anualmente una Auditoría sobre gasto público autonómico. Y el segundo punto en cuestión añadía: “Se establecerá una evaluación independiente, profesional e imparcial de los proyectos de infraestructuras, priorizando las inversiones en función de su rentabilidad socioeconómica y su sostenibilidad medioambiental”.

En la presentación pública del estudio ‘La institucionalización de la evaluación de políticas públicas en Castilla y León: situación actual y propuestas’ también ha participado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. A este acto han asistido Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León; Santiago Martín, director de Fiscalización del Consejo de Cuentas; así como representantes del Diálogo Social -responsables de los sindicatos UGT, CCOO y CEOE Castilla y León-.