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La Junta celebra el cambio de postura de la CHD sobre las plantaciones de chopo

La Junta celebra el cambio de postura de la CHD sobre las plantaciones de chopo

Actualizado 07/04/2022 19:27

Las choperas de la región producen anualmente 400.000 m3 de madera, que suponen el 20% de total de madera producida en Castilla y León y el 50% de su valor total.

Castilla y León es la mayor región en superficie de choperas de la Unión Europea: alberga una superficie total de 44.260 hectáreas, el 70% del total nacional. En la distribución de esta superficie por Cuencas, el 94% se ubica en la Cuenca del Duero.

Por provincias, destaca León con 19.385 hectáreas (44%), Zamora con 6.609 hectáreas (15%) y Palencia con 6.409 hectáreas (14%). Las choperas de la región producen anualmente 400.000 m3 de madera, que suponen el 20% de total de madera producida en Castilla y León y el 50% de su valor total. La cadena de valor de las choperas genera más de 10.000 empleos, un 30% en nuestro medio rural. La superficie de choperas de la región absorbe anualmente más de 1 millón de toneladas de CO2.

La problemática del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero

Durante los dos últimos años la Junta de Castilla y León, las organizaciones FACYLE, COSE, AEFCOM, y diversos organismos públicos (ayuntamientos, diputaciones, entidades locales menores), colegios profesionales y particulares han participado en el proceso de redacción del nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, realizando propuestas y aportaciones.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHDuero) comenzó a aplicar en el primer trimestre de 2019, criterios muy restrictivos respecto a la plantación de choperas en dominio público hidráulico, planteándose mantener esta prohibición en el nuevo Plan Hidrológico; esta medida, que afectaría a más de 5.000 hectáreas de superficie ribereña en el medio rural de Castilla y León, hubiera tenido las siguientes consecuencias:

Eliminación del 12% de la superficie de choperas en la Cuenca del Duero, unas 15.000 parcelas.

Pérdidas económicas superiores a 23 millones de euros anuales.

Destrucción progresiva de empleo en el sector: hasta 1.300 puestos de trabajo, de los cuales, 430 en el medio rural.

Drástica reducción del presupuesto de los ayuntamientos y entidades locales afectados, con una media del 60%

Eliminación de un importante sumidero de CO2, que contribuye además a la laminación de avenidas y a la mejora de la calidad del agua.

La medida planteada por la CHDuero, y no compartida por la mayoría de los profesionales, propietarios y administraciones afectadas, se alejaba de la realidad de las choperas en nuestra región: un cultivo perfectamente adaptado a los episodios de inundación y con un impacto positivo en los mismos, tal y como reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en sus publicaciones.

Además, las otras dos Confederaciones que albergan choperas en Castilla y León, Miño-Sil y Ebro, han realizado en sus respectivos Planes Hidrológicos planteamientos en relación con el cultivo de chopos, radicalmente contrarios a lo planteado en el Duero: en ambos casos se permiten cultivos de chopo en el Dominio Público Hidráulico, y en el caso del Ebro, directamente se fomentan las choperas en estas franjas.

Actuaciones realizadas hasta el acuerdo final

Los elementos clave para que la Confederación Hidrográfica del Duero haya reconsiderado su posición son los siguientes:

* En septiembre de 2021 se crea la Plataforma +Chopo Sí. Esta plataforma está formada las organizaciones COSE, FACYLE y AEFCOM, que representan a los propietarios de choperas y a la industria de transformación de la madera; la plataforma pronto consigue la adhesión de la mayoría de los ayuntamientos y juntas vecinales afectados, diputaciones, empresas de servicios, autónomos, viveros y multitud de voces que defienden las bondades del chopo, no solo ambientales, sino también como sustento social y económico del medio rural de Castilla y León.

La plataforma ha realizado varios actos informativos, detallando la problemática generada, en las principales comarcas choperas de la Comunidad. Su papel ha sido muy importante en la negociación que se ha llevado a cabo en el primer trimestre del presente año.

* El 6 de octubre de 2021, las Cortes de Castilla y León aprueban por unanimidad de los Grupos, una proposición no de Ley del Grupo Popular por la que se insta a la Junta de Castilla y León a que requiera al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para “que permita, al igual que las confederaciones del Ebro y del Miño-Sil, la plantación de choperas en Dominio Público Hidráulico cartográfico, con una distancia de 5 metros a la banda de vegetación natural más próxima al cauce”

* El 31 de marzo de 2022, con carácter previo a la reunión del Comité de Autoridades Competentes de la Cuenca del Duero, y después de un largo proceso de negociación, la Junta de Castilla y León y La Confederación Hidrográfica del Duero acuerdan incorporar la petición aprobada en las Cortes, y reclamada durante dos años por todos los organismos y organizaciones citadas, en la redacción del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero 2022-27.

En definitiva, y aunque se modifican varios artículos, el más relevante a efectos de las plantaciones de chopo es el artículo 30.2.b), cuya redacción queda como sigue:

Art. 30.2.b) Se autorizarán las plantaciones de cultivos arbóreos en el dominio público hidráulico respetándose el cauce de aguas bajas, las zonas de gran actividad hidráulica (depósitos de sedimentos desnudos e inertes) y las ocupadas por vegetación natural de ribera. Para ello, se debe salvaguardar un espacio de 5 metros medido desde la vegetación de ribera si existiera o desde el cauce de aguas bajas si no fuera así. Esto también será de aplicación para los brazos secundarios existentes.

Con este acuerdo se pone fin a la problemática suscitada y el chopo volverá a plantarse el próximo invierno en todos aquellos terrenos ribereños de la Demarcación del Duero que han estado afectados por la conflictiva medida, garantizando los beneficios ambientales, económicos y sociales que proporcionan a los territorios y los habitantes de Castilla y León.

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