Mañueco defiende los órganos consultivos como garantes del buen gobierno

En la jornada sobre función consultiva y responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas derivada de la Covid-19, que se desarrolla hoy en el Campus María Zambrano de Segovia, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la importante labor que desarrollan los diversos órganos consultivos españoles como garantía del buen gobierno a través del control de la legalidad de normas y resoluciones administrativas.

Los órganos consultivos contribuyen a defender mejor los derechos e intereses de las personas, según ha destacado el presidente, quien ha manifestado que es una labor respaldada por una indudable legitimidad democrática. Así, ha añadido, el Estatuto de Castilla y León concibe al Consejo Consultivo como una de las instituciones propias de la Comunidad, cuyos cargos electos son designados por las Cortes autonómicas.

Fernández Manueco ha señalado que la labor Consejo Consultivo es realizada de manera austera y contenida en sus costes, y ha citado, como ejemplo, que las instituciones propias de Castilla y León cuentan desde hace nueve años con una Secretaría única y el Consejo Consultivo, sin afectar a su plena independencia, está adscrito presupuestariamente a las Cortes.

Por todo ello, el presidente de la Junta ha considerado que la utilidad y la necesidad de los órganos consultivos está suficientemente acreditada. En este sentido, se ha referido al objeto de la jornada y ha asegurado que la pandemia de la Covid-19 ha dejado un importante cúmulo de secuelas en todos los órdenes, también las jurídicas.

Fernández Mañueco ha manifestado que el Estado de Derecho garantiza a sus miembros la posibilidad de reclamar patrimonialmente, entre otras vías, si creen que sus derechos han sido afectados por la acción pública. Una opción, ha apostillado, que están ejerciendo con plenitud y libertad, como prueba que entre 2020 y 2021, el 72% de las materias dictaminadas por el Consejo Consultivo se referían a la responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica.

La alta calidad de la labor de los órganos consultivos les permite dictaminar estas reclamaciones según criterios de legalidad y justicia, ha reivindicado el presidente, quien ha apuntado que estos dictámenes anticipan muchas veces las resoluciones de unos tribunales que, en Castilla y León, vienen confirmando la legalidad de las actuaciones de su Administración en esos momentos.

Así pues, ha advertido que si todos los gobiernos siguieran las recomendaciones de los órganos consultivos habría menos decisiones anuladas en los tribunales.