Servicios públicos como derecho

Este pasado 21 de septiembre se conmemoraba el día mundial de Alzheimer con varias actividades promovidas por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Soria para informar y dar visibilidad a la situación que viven las personas afectadas por estas enfermedades y sus familias.

Vaya por delante mi agradecimiento a todas estas personas que, durante décadas, vienen desarrollando un trabajo enorme para que, no solo sus familiares afectados, sino toda la sociedad podamos afrontar las dificultades que conlleva una enfermedad de estas características. Con su continua concienciación hacen que nos planteemos, desde la perspectiva de que a cualquiera nos puede tocar el día de mañana, la necesidad de la inversión en investigación para mitigar y, ojalá suprimir, los efectos y avances del Alzheimer.

Pero su tarea no termina ahí: trabajan a diario con personas usuarias que necesitan de detección temprana, terapias paliativas, talleres de memoria o cuidados para el respiro de las familias, entre otras actividades. Están prestando un servicio indispensable que debería estar garantizado por los poderes públicos y prestado en centros y con profesionales públicos.

Es fundamental la labor que realiza en este y en otros muchos ámbitos el denominado Tercer Sector, pero como ciudadanos deberíamos exigir que estas tareas no dependan casi en exclusiva de la buena voluntad de personas asociadas o de entidades que van sobreviviendo al día a día con las escasas aportaciones de las administraciones.

La Junta de Castilla y León, administración competente en esta parte de la prestación de los Servicios Sociales y en materia sanitaria, debe garantizar un número suficiente de plazas públicas y de personal cualificado que atienda la multitud de necesidades que tiene la parte más vulnerable de nuestra sociedad.

En Castilla y León no queremos ser los campeones en la nueva y absurda competición entre comunidades del PP de las bajadas de impuestos ni que la Junta tenga superávit gracias a no atender sus competencias: exigimos servicios públicos de calidad para vivir con dignidad.