La Junta y la Reserva Regional de Caza ‘Sierra de Gredos’ incorporan estos dispositivos tras el acuerdo entre la Consejería de Medio Ambiente y la asociación de propietarios de estos terrenos cinegéticos.
Este martes, El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asistido a una demostración del uso de un dron, dotado con cámaras infrarrojas y sistema de vuelo nocturno, como herramienta para la lucha contra el furtivismo en la Reserva Regional de Caza Sierra de Gredos. La incorporación de esta tecnología de última generación ha sido posible gracias al convenio de colaboración suscrito entre la Junta y la asociación de propietarios de estos terrenos cinegéticos. Cazar especies cinegéticas en época de veda es un delito y en 2022 se han detectado siete cabezas de macho montés cazadas ilegalmente. Actualmente cinco personas se encuentran investigadas por este tipo de delitos.
El consejeroha estado acompañado por la presidenta de la Asociación de Propietarios de la Reserva Regional de Caza ‘Sierra de Gredos’, María Ángeles Prieto; el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García; varios alcaldes de la zona y de la reserva de caza; el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, celadores y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, así como otros representantes institucionales y sociales. La demostración ha tenido lugar en la Casa de la Reserva Regional de Caza ‘Sierra de Gredos’, en Navacepeda de Tormes, Ávila.
Medios tecnológicos para luchar contra el furtivismo
Los medios de última generación, consistentes en un dron dotado de cámaras infrarrojas y sistema de vuelo nocturno, visores térmicos de última generación y equipos ópticos de alto contraste permitirán que los celadores de medio ambiente y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, así como los guardas rurales de la asociación, desarrollen de una forma más eficaz el control de actividades ilegales.
El dron será operado por personal de la empresa Eulen, capacitado mediante formación específica según normativa AESA, y adicionalmente también se ha formado o formará a personal de la Junta de Castilla y León. Además, otros dos agentes de la Guardia Civil han sido instruidos para su uso en misiones de rescate de alta montaña o de personas desaparecidas.
El personal de la Junta de Castilla y León dispondrá también de dos visores nocturnos térmicos, de tipo monocular, para control de actividad de personas y vehículos en accesos y montes de la reserva, de tres prismáticos y un telescopio de gama alta para control de la actividad cinegética y evaluación de características de las piezas de caza.
Por su parte, la Asociación de Propietarios aporta un equipo de seis guardas rurales de seguridad privada, dotados de vehículos 4x4 de nueva generación para los trabajos rutinarios de este equipo. Los guardas rurales son habitantes de la comarca, lo cual, además de ser una garantía de conocimiento del territorio, contribuye a la fijación de la población rural mediante creación de empleo en comarcas con demografía desfavorable.
La adquisición de estos equipos por parte de la Asociación de Propietarios ha sido posible gracias al convenio suscrito por la Junta de Castilla y León y la Asociación de Propietarios, entidad jurídica compuesta por los ayuntamientos propietarios de los terrenos que forman parte de la Reserva, así como otros propietarios de fincas particulares. Gracias a este acuerdo, los ingresos generados por la actividad cinegética desarrollada en los montes propiedad de la Junta de Castilla y León son reinvertidos por esta Asociación en labores de conservación, mejora y gestión de la Reserva.
Colaboración Junta-Asociación de Propietarios
La Reserva Regional de Caza ‘Sierra de Gredos’ genera unos ingresos anuales que este año se cifran en torno a 1,5 millones de euros, parte de los cuales son para los propietarios –entre los que hay ocho ayuntamientos–, en función de la superficie aportada, y otra parte importante para actuaciones de mejora del territorio de la reserva, para obras y servicios.
La Junta de Castilla y León es propietaria de tres montes de utilidad pública, con una superficie de 9.218 hectáreas, de las 39.000 que componen la Reserva Regional de Caza, es decir, del 23 % de los terrenos.
El Gobierno autonómico tiene suscritos convenios con la Asociación de Propietarios, de tal forma que cede el aprovechamiento cinegético y, por tanto, cupo de cacerías, que le corresponde en calidad de propietario a favor de la Asociación para que el rendimiento de ese aprovechamiento revierta en la mejora del territorio de la reserva.
Gracias a este convenio, esos ingresos generados por la actividad cinegética desarrollada en los montes propiedad de la Junta son reinvertidos por la Asociación en labores de conservación, mejora y gestión de la Reserva. Un buen ejemplo son estas mejoras que hoy se han presentado, financiadas por la Junta de Castilla y León.
En palabras del consejero Suárez-Quiñones, el modelo de gestión realizado en Gredos “es y debe ser el germen para el resto de las reservas regionales de caza de Castilla y León, que en número de diez es un ejemplo de sostenibilidad y compatibilidad de la conservación de la biodiversidad y la fauna silvestre y el aprovechamiento como forma de actividad económica y social del territorio rural.
Incidencia del furtivismo
Cazar especies cinegéticas en época de veda es delito conforme al artículo 335 del Código Penal y de ahí que la Junta de Castilla y León vigile y prevenga a la Comunidad del furtivismo.
Durante el año 2021, el personal de vigilancia detectó en el campo 15 cabezas de macho montés fruto de caza ilegal, lo que supone un impacto, estimando un valor medio unitario de 7.000 euros, con un montante de 105.000 euros que, consecuentemente, no fueron percibidos por los propietarios. En lo que llevamos de 2022, al menos se han detectado siete cabezas.
Las actuaciones de vigilancia y lucha contra el furtivismo han dado lugar, al menos, a que cinco personas se encuentren en calidad de investigados, propuesto para sanción.