Amilivia ve insuficientes los 18,7 M€ del Fondo de Cohesión para Castilla y León

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha presentado esta tarde de lunes ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico dos informes de fiscalización sobre los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) de los años 2019 y 2020.

Al ser la opinión y las recomendaciones, así como la práctica totalidad de las conclusiones de ambas fiscalizaciones casi idénticas, Amilivia realizó una exposición conjunta de su contenido, indicando expresamente las diferencias entre las dos anualidades.

El Consejo de Cuentas comprobó mediante estas auditorías si la naturaleza económica de los gastos incluidos en las certificaciones respondió a la normativa reguladora de estos fondos de carácter estatal, que “se destinan a financiar gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados, que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario”.

En tal sentido, ha subrayado que los proyectos de inversión de los FCI son un instrumento establecido por la Constitución para corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, determinándose de común acuerdo entre la Administración central, 10 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas partícipes de los mismos.

El Fondo de Compensación Interterritorial -según ha añadido- tiene como finalidad hacer que el Estado garantice el principio de solidaridad entre las distintas partes del territorio español, consagrado en el artículo 2 de la Constitución. Dicho fondo es desarrollado por la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de este, estableciendo entre sus criterios de distribución que el 87,5% se efectuará de forma directamente proporcional a la población frente a otros criterios como el envejecimiento y la despoblación.

Amilivia ha considerado que la cuantía de dicho fondo para Castilla y León, 18,7 millones de euros, “es claramente insuficiente para alcanzar los objetivos señalados en el artículo 158, apartado 2º, de la Constitución donde se recoge que son partidas que han de destinarse a gastos de inversión para poder eliminar los desequilibrios económicos entre las comunidades autónomas”.

En el caso de Castilla y León, los proyectos de inversión de este Fondo de Compensación corresponden a determinados subprogramas gestionados por las consejerías de Agricultura y Ganadería; de Fomento y Medio Ambiente; de Educación; por la Gerencia Regional de Salud y por el Instituto Tecnológico Agrario, que incluyen como gasto elegible para los FCI todos sus gastos de inversión o, en su caso, de funcionamiento necesarios para la puesta en marcha de las inversiones.

Resumidamente, del análisis histórico de este fondo en la Comunidad, cuya cuantía ascendía a 85 millones en 2008, mermando desde entonces y manteniéndose invariable desde 2018 con 18,7 millones de euros, se desprende que en las últimas dos décadas las provincias que más inversiones han ejecutado con cargo al mismo han sido las de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

Si se tienen en cuenta los últimos años, desde 2015, salvo Burgos que baja a la última posición reemplazando a Soria, las provincias más beneficiadas por este fondo volvieron a ser, aunque en orden diferente, Salamanca, Valladolid y León.

La dotación a nivel nacional tanto en 2019 como en 2020 fue de 432.430.000 euros, siendo Andalucía la que recibió mayor importe (37%), seguida de la Comunidad Valenciana (12,09%), Canarias (11,60%) y Galicia (9,83%).

Castilla y León se mantuvo en el octavo lugar en porcentaje con un 4,34% del importe total. La dotación recibida fue en ambos ejercicios de 18.765.200 euros, manteniéndose invariable respecto a 2018. Estos créditos suponen el 3,70% de las previsiones definitivas por operaciones de capital de la liquidación de ingresos consolidados de la Comunidad en 2020 y en 3,87% en 2019.

En 2018 la región había perdido participación en los fondos con una caída del 3,03% respecto al año anterior, lo que se tradujo en 586,01 miles de euros menos debido principalmente a la corrección por renta y a la población.

El reparto de los superproyectos dentro de la Comunidad permaneció invariable en 2019 y 2020 manteniendo el 19,37% de la financiación para Infraestructuras Agrarias (Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; el 12,83% a Infraestructuras Viarias (Fomento y Medio Ambiente); el 40,31% a Infraestructuras Sanitarias (Sanidad) y el 27,50% a infraestructuras para la Educación. El grado de ejecución de los superproyectos financiados con el FCI alcanzó el 100% en ambos ejercicios, y un 25% de la financiación correspondiente a 2020 se ingresó en 2021.

En cuanto a la distribución provincial de las inversiones, en 2019 fue prácticamente lineal, cuantificada en torno a los dos millones de euros para cada una de las 9 provincias. Criterio que no tuvo continuidad al año siguiente ya que las provincias con inversiones más elevadas fueron Soria (16,39%) y Salamanca (11,72), seguidas de Valladolid (11,10%) y Palencia (11,08%). La menos beneficiada fue Zamora, con el 7,45% de la dotación total de los fondos, y en ninguno de los dos ejercicios se registraron inversiones sin provincializar.

Con relación a la evolución de los fondos durante el periodo 2003-2020 las dotaciones experimentaron una disminución del 72,48%, diferenciándose dos etapas. En la primera (2003-2008) el importe fue incrementándose de los 68.175.490 euros hasta los 85.058.060 euros, con un aumento global del 24,76%. En la siguiente (2008-2020) los recursos descendieron en 66,29 millones hasta los 18.765.200, una disminución del 77,94%.

Teniendo en cuenta la evolución de la dotación del Fondo de Compensación por provincias en la etapa 2003 a 2020, Burgos con el 16,4%, León (14,4%), Salamanca (13%) y Valladolid (11,9%) son las que mas inversiones ejecutaron con cargo al mismo.

El Consejo de Cuentas constata en su opinión -apuntó Amilivia- que, con carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos FCI tanto en el ejercicio de 2019 como en el de 2020 en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados. Es decir, se comprobó que los gastos certificados fueron elegibles al tratarse de inversiones.

También constató en cuanto a ambos ejercicios que la Comunidad lleva una contabilidad separada de los proyectos individuales susceptibles de financiarse con estos fondos, pero no a nivel de superproyectos, manteniéndose las debilidades de control interno detectadas por el Consejo en fiscalizaciones de años anteriores.

Respecto de los derechos, su contabilización ha sido adecuada, con las salvedades recogidas en ambos ejercicios al existir distintos criterios de reconocimiento, de devengo o de caja, según los casos. El Consejo concluye además en relación con la gestión y contabilidad de los fondos correspondientes a Infraestructuras Agrarias que, como en ejercicios anteriores, no se ha efectuado correctamente al no corresponderse los derechos reconocidos con los gastos justificados.

La dotación destinada a Infraestructuras Agrarias ascendió a 3,63 millones de euros, cifra gestionada por la Consejería de Agricultura y Ganadería y por el Instituto Técnico Agrario (ITA). En el caso de los fondos gestionados por el ITA, los derechos reconocidos fueron superiores a los gastos justificados con cargo a los superproyectos por un importe de 0,48 millones de euros en 2019 y de 0.07 millones en 2020, cantidad que se compensó con la reconocida de menos por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

A la vista de ello, el Consejo de Cuentas reitera a la Consejería de Economía y Hacienda la adopción de las medidas necesarias para que la contabilidad de la ejecución de los FCI proporcione una información pormenorizada de cada proyecto incluido en el Anexo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado a nivel de superproyectos FCI.

Además, se recoge en ambos informes otra recomendación a la misma Consejería para que la gestión y contabilidad de los fondos correspondientes a Infraestructuras Agrarias se efectúe correctamente y se correspondan los derechos reconocidos con los gastos justificados, tanto en el ITA como en la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como el control interno de los gastos financiados por el FCI.