El Consejo de Cuentas de CyL alcanza los 100 informes de fiscalización aprobados

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha alcanzado los 100 informes de fiscalización aprobados en el actual mandato que representan el 37% de toda la serie histórica. Así, con los cuatro últimos informes aprobados por el Pleno del Consejo y entregados a las Cortes de Castilla y León el órgano de control externo autonómico llega a las 273 auditorías y una de cada tres de estas corresponden al presente mandato.

Con relación a la actividad ordinaria de la institución, actualmente se encuentran en elaboración 43 fiscalizaciones, 15 de ellas del plan anual del año 2022 y otras 28 correspondientes al plan del año en curso. En cuanto a la presentación de las fiscalizaciones, el presidente Mario Amilivia ha comparecido en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico durante la etapa iniciada en 2019 en 40 ocasiones con un total de 110 auditorías, que representan ya más del 40% de toda la serie histórica, mientras que restan solo nueve por ser presentadas, lo que es expresión del trabajo realizado por el órgano de control externo.

Los cuatro informes que acaba de emitir el Consejo de Cuentas son el relativo a las estrategias de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León, 2014-2020 y 2021-2027; el informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León en 2021; el relativo al impacto en el sector público local de las reformas del impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) y el de contratación menor en la Administración autonómica en 2021.

Con relación al primero, se trata de una fiscalización operativa en la que se analiza el diseño y la ejecución de ambas estrategias, así como la eficacia en el grado de consecución de sus objetivos. La evaluación del diseño de las estrategias se efectúa en los dos periodos mencionado, mientras que la verificación del sistema de control y seguimiento y análisis de la consecución de objetivos se refiere al primero de ellos. Entre otras conclusiones, se considera que la estrategia planteada para el periodo 2014-2020 es relevante en cuanto a su capacidad de impacto en los objetivos propuestos, así como complementaria con otras de ámbito estatal o comunitario. En este sentido, se ha comprobado una presupuestación de la Administración autonómica para dicho periodo de 2.557,6 millones de euros y una ejecución de 2.289,3 millones.

El objetivo del segundo trabajo, de mandato legal, es fundamentalmente verificar el cumplimiento por parte de las 4.748 entidades locales de la Comunidad de la obligación de rendir la cuenta general, comprobando que se ajusta a la normativa respecto a la forma y contenido, así como su coherencia interna. Este informe detalla los porcentajes de rendición a fecha de cierre del análisis (31 de octubre de 2022) y contiene entre otros datos los análisis del ciclo presupuestario, de las cuentas, las principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras o la información de índole contractual que están obligadas a presentar también las entidades locales de Castilla y León.

El tercer trabajo analiza el impacto en la situación económico-financiera del sector público local de las reformas impulsadas por el impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la etapa 2017-2022. Desde su regulación por la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales, esta figura impositiva municipal no obligatoria ha originado cierta controversia, pero con la sentencia 59/2017 del Tribunal Constitucional se produce un punto de inflexión iniciándose un proceso de revisión y cambio en el IIVTNU. A la vista de ello, esta auditoría analiza la implantación de este impuesto, las actuaciones llevadas a cabo por las entidades locales de Castilla y León en dicho periodo y la adaptación de las ordenanzas municipales.

El cuarto informe aborda la gestión de la contratación menor realizada por la Administración autonómica, según lo establecido por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y demás normativa de aplicación. La verificación se efectúa sobre los cerca de 18.000 expedientes calificados como menores suscritos en 2021 para comprobar la comunicación de estos al Consejo de Cuentas, la preceptiva publicidad de la contratación menor, así como el objeto y el importe de estos.