Unos 2.000 trabajadores temporales públicos, amenazados con la "expulsión del mercado laboral" en Soria

Los trabajadores temporales públicos de la provincia acuden al Procurador del Común para evitar su "expulsión del mercado laboral". Exigen a la Junta de Castilla y León que cumpla sus obligaciones y "convoque las plazas correspondientes según las leyes estatales" para estabilizar los empleos de personas que "han dedicado toda su vida a la administración".

María Dolores García, presidenta de la Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León, explica en declaraciones para Soria Noticias que esta es una situación que afecta a unas 2.000 personas en la provincia. El 70% son mujeres mayores de 55 años que ocupan puestos de escasa cualificación. Por ello, esto es un problema laboral pero también social, porque de ser expulsadas de la administación "acabarán también fuera del mercado laboral, sin cotizar los últimos años y cobrando subsidios de desempleo", refiere García.

La presidenta insiste en que su petición se dirige a que "se cumpla la directiva europea y se de estabilidad en el empleo a esa gente". Aclara que su intención "no es que se les convierta en funcionarios de carrera ni que los hagan laborales fijos igual que los que hayan aprobado una oposición". Puntualiza que se puede buscar otras fórmulas como "una categoría a extinguir", por ejemplo. Es decir que "se les mantenga en sus puestos de trabajo hasta su jubilación".

María Dolores García asegura que el problema es "todavía más acusado en zonas despobladas como Soria". Los Ayuntamientos pequeños, por lo general, han cumplido con normativa de estabilización y han consolidado mediante procesos selectivos en los que han valorado experiencia de los trabajadores. "El problema lo tenemos administraciones grandes como la Junta, la Diputación o los Consistorios importantes", concluye.