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El monte Toranzo pasa a formar parte de Noviercas tras años de disputa territorial

El monte Toranzo pasa a formar parte de Noviercas tras años de disputa territorial

Actualizado 17/03/2025 11:54

El Boletín Oficial de Castilla y León publica el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que esta propiedad deja de pertenecer al Ayuntamiento de Soria.

La Junta de Castilla y León ha resuelto que el Monte de Utilidad Pública número 178 'Toranzo' deja de pertenecer al término municipal de Soria y pasa a integrarse en el de Noviercas, poniendo fin a un conflicto territorial que se remonta a 2015.

Un cambio jurisdiccional histórico tras una década de trámites

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional ha aprobado este cambio jurisdiccional basándose en el informe del Instituto Geográfico Nacional, que determinó que Noviercas es el municipio que "con más antigüedad y continuidad en el tiempo ha demostrado el ejercicio de dicha jurisdicción" sobre el territorio en disputa. Así aparece publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de hoy lunes.

El proceso comenzó en febrero de 2015, cuando el Ayuntamiento de Noviercas solicitó formalmente la inclusión del Monte Toranzo en su término municipal, alegando que existía un error histórico al considerar estos terrenos como parte de Soria. Durante la tramitación del expediente, que ha durado casi una década, se celebraron reuniones entre las comisiones municipales implicadas, donde Soria no acudió a defender su posición, mientras que Noviercas y Ólvega manifestaron su conformidad con el deslinde conforme a actas históricas de 1889.

El dictamen final del Consejo Consultivo de Castilla y León (404/2024), emitido en noviembre de 2024, junto con el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional de julio del mismo año, han sido determinantes para esta resolución. La Junta ha valorado especialmente la "especialización y objetividad" del Instituto Geográfico Nacional, reconocidas por la jurisprudencia.

Es importante destacar que este cambio afecta únicamente a la jurisdicción administrativa del territorio, no a cuestiones de propiedad o aprovechamiento de los terrenos. El acuerdo se fundamenta en el principio de continuidad territorial, que establece una "fuerte presunción" de que la jurisdicción municipal debe ejercerse sobre territorios continuos.

El Bocyl con el acuerdo, aquí.

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