El PSOE exige que las residencias de mayores sean públicas en la provincia

Los diputados provinciales del PSOE, Belén Antón y José Javier Gómez, han lanzado una advertencia sobre el futuro de los servicios asistenciales para la tercera edad en la provincia, poniendo el foco en la residencia Nuestra Señora de las Mercedes de El Royo. Han denunciado lo que consideran un movimiento de la Diputación Provincial para "desvincularse" de la gestión del centro, tras la comisión celebrada por la Institución esta mañana, en la que se ha propuesto dicha desvinculación, un paso que, según los socialistas, “abriría la puerta a una privatización y supondría un retroceso en la garantía de un servicio público esencial”. Para el PSOE, la atención a los mayores no es un gasto, sino "una inversión en nuestras personas mayores, un pilar fundamental para el bienestar de una provincia con una población notablemente envejecida”.

El debate surge en un contexto complejo para Soria. Según datos del registro de la Junta de Castilla y León citados por los diputados, “la provincia cuenta actualmente con 2.539 plazas residenciales”. Sin embargo, han alertado de que las plazas de titularidad puramente pública “han ido mermando con el paso de las décadas, quedando un cupo de plazas públicas y concertadas que apenas alcanza las 439”. Esta cifra, han señalado, "no crece en proporción al número de mayores, que va aumentando cada año".

El epicentro de la reclamación socialista es la residencia de El Royo, un centro con una historia intrínsecamente ligada a la Diputación. Los diputados han recordado que el inmueble, propiedad de la Fundación del Colegio Nuestra Señora del Carmen, “fue cedido en su día para uso escolar”. Con el éxodo rural, en 1981, “un acuerdo entre el patronato y la Diputación Provincial transformó su uso para convertirlo en un centro para personas mayores”. Desde ese año y hasta 2013, “la institución provincial gestionó directamente el servicio”.

Fue en 2013 cuando se produjo un cambio de modelo, optando por la “gestión indirecta mediante una concesión administrativa”. Desde entonces, varias empresas han estado al frente. El punto más crítico de la denuncia del PSOE se centra en el acuerdo de aquel año: “Las plazas vinculadas al convenio con la Diputación se limitarían a los residentes que ya se encontraban en el centro”. Antón ha lamentado que "de 55 que comenzaron, en este momento se encuentra solamente 2". Esta reducción evidencia, para los socialistas, “un desmantelamiento paulatino del carácter público del servicio”.

"Desde el Grupo de Diputados Socialistas, entendemos que este es un servicio necesario para que nuestros mayores reciban la mejor atención posible y para que toda persona pueda tener acceso en función de sus necesidades y de su capacidad económica, sin que la carencia de medios les sea impedimento para poder acceder a ellas", han afirmado con rotundidad.

Los representantes del PSOE han aprovechado para hacer una defensa cerrada del modelo de gestión pública, argumentando que ofrece una seguridad que el sector privado no puede igualar. "Sabemos que cuando media una administración en cualquier contrato, hay una garantía de cumplimiento total de la legalidad, y eso nos proporciona también más seguridad", han explicado. Han contrapuesto este modelo con la lógica del beneficio empresarial, recordando que “las instituciones no tienen como fin el lucro”.

En este sentido, han lanzado una reflexión directa sobre el propósito de los fondos públicos: "Las administraciones públicas no están para enriquecerse, deben poner a disposición de los y las ciudadanas sus ingresos para generar prosperidad y bienestar, no generar remanentes y mantenerlos en el banco". Han criticado la visión de que los servicios públicos son un "gasto", insistiendo en su naturaleza de inversión social. "Seguimos sin estar de acuerdo en mirar los centros residenciales como un gasto. Son una inversión, una inversión en nuestras personas mayores que creemos que se lo merecen después de todo el trabajo que han desarrollado", han sentenciado.

Además, han traído a colación los problemas de mantenimiento detectados en el inmueble en el pasado, atribuyendo a una “falta de seguimiento por parte del anterior equipo de gobierno del Partido Popular” que no se actuara a tiempo. Este precedente, según ellos, “refuerza la necesidad de una supervisión pública directa y constante”.

La propuesta de la Diputación de salir del patronato es vista por el PSOE como una "excusa" para abandonar sus responsabilidades. Han explicado que “el edificio necesita una inversión importante y que la empresa concesionaria actual tiene interés en realizarla, pero el marco de la concesión actual genera incertidumbre”. La salida de la Diputación, han advertido, “dejaría el futuro del centro en manos de un acuerdo entre dos partes privadas”: la empresa Mimara y el Obispado. "La garantía de mediar una administración pública garantiza que el servicio se va a realizar en unas condiciones determinadas", han reiterado.

Mientras la Diputación desarrolla un nuevo plan estratégico de residencias, los socialistas esperan “que los resultados sirvan para mejorar la gestión global”, pero exigen que “no se utilice como coartada para desmantelar el modelo público”. Han destacado que "la Diputación está dispuesta" a escucharles y el "día 21 habrá una nueva reunión". Su posición es clara: “la Diputación no solo debe permanecer en el patronato de El Royo, sino que debe reafirmar su compromiso, invertir en la infraestructura y asegurar que la atención a los mayores siga siendo un derecho garantizado por lo público, y no un negocio sujeto a las fluctuaciones del mercado”.