Castilla y León vigilará a las inmobiliarias por cobros ilegales a los inquilinos

La Junta de Castilla y León pone en marcha una campaña de control sobre las agencias inmobiliarias de toda la comunidad, incluida la provincia de Soria. La iniciativa, que se desarrolla desde este mes de agosto y hasta octubre, busca erradicar el cobro de gastos de gestión a los inquilinos, una práctica que la legislación actual prohíbe expresamente.

Según ha informado la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, el objetivo es proteger los derechos de los consumidores y garantizar que reciben información veraz y completa en un contrato de especial trascendencia como es el del alquiler de una vivienda habitual. Esta acción responde a los recientes cambios legislativos que han modificado las responsabilidades en el pago de estos servicios.

La nueva normativa establece un cambio fundamental en el mercado del alquiler: los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben ser asumidos por el propietario del inmueble (el arrendador) y no por el inquilino (arrendatario). La campaña de inspección pretende asegurar el cumplimiento estricto de esta ley en todo el territorio de Castilla y León.

¿Qué controla exactamente la campaña de la Junta?

El punto central de la vigilancia se enfoca en los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de alquiler. Conforme a la nueva legislación, las agencias no pueden repercutir estos costes a quienes buscan alquilar una vivienda para convertirla en su hogar permanente.

Las inspecciones se centrarán de manera específica en los contratos de arrendamiento destinados a vivienda habitual. Por lo tanto, quedan fuera del ámbito de esta campaña otros tipos de alquileres que cuentan con una regulación diferente, como pueden ser los de temporada, turísticos o de locales comerciales.

¿Qué gastos sí puede cobrar una inmobiliaria al inquilino?

La normativa contempla excepciones. Las agencias inmobiliarias sí pueden facturar a los inquilinos por determinados servicios, pero siempre que se cumplan una serie de condiciones muy estrictas. Estos servicios deben ser:

• Solicitados expresamente por el propio consumidor.
• Justificados y documentados de forma adecuada.
• No pueden constituir una práctica comercial desleal ni una cláusula abusiva.

Cualquier cobro fuera de estos supuestos podría ser considerado una infracción.

Metodología de la inspección: así se realizarán los controles

Para asegurar la efectividad de la campaña, la Inspección de Consumo de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía desplegará diversas actuaciones. Los inspectores analizarán toda la documentación que las agencias deben conservar y facilitar.

El control incluirá el examen de los siguientes documentos:

• Comunicaciones comerciales y publicidad.
• Contratos de servicios de intermediación.
• Contratos de reserva de inmuebles.
• Contratos de servicios adicionales.
• Facturas emitidas a los inquilinos.

Además, en cada visita se requerirá a la agencia, como mínimo, los últimos diez expedientes de alquiler en los que haya intervenido. Una de las técnicas más destacadas será la realización de actuaciones inspectoras encubiertas, en las que el inspector no revelará su condición inicialmente para solicitar información como si fuera un cliente más.

Objetivo: proteger al consumidor en un contrato clave

Desde la Junta de Castilla y León subrayan que la campaña cumple un doble objetivo: proteger el derecho a la información veraz y completa y salvaguardar los legítimos intereses económicos de los arrendatarios.

Esta iniciativa, coordinada con otras comunidades autónomas, busca dar una respuesta contundente a una práctica que afecta directamente a la economía de muchas familias en un momento de especial tensión en el mercado del alquiler. La vigilancia se extenderá por todas las provincias para garantizar que la protección al consumidor sea efectiva en todo el territorio.