UGT denuncia la “profunda degradación” del operativo de incendios: “La Junta actúa con mentalidad del siglo XX”

Los responsables de UGT han desgranado los problemas estructurales que afectan al operativo de incendios en Castilla y León. Ignacio Maldea Llorente, secretario general de UGT Servicios Públicos Soria; Rodrigo Martín Rodríguez, responsable autonómico del operativo de incendios, y Tomás Pérez Ureña, secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, han coincidido en señalar a la Junta como "principal responsable" de una gestión que califican de “desgastante” e "ineficaz ante la nueva realidad de los incendios".

El análisis parte de una premisa alarmante: "Las tragedias no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de un modelo insostenible". Los representantes del sindicato han insistido en que "la falta de inversión en prevención y la dependencia de un modelo privatizado abocan al operativo a una situación límite", especialmente ante los incendios de “sexta generación”, mucho más virulentos e impredecibles que los del pasado.

Un operativo "debilitado por la precariedad y la externalización"

Ignacio Maldea Llorente ha afirmado que la precariedad es la característica principal del operativo actual. “Denunciamos alto y claro que estos dispositivos sufren una profunda degradación”, ha sentenciado. Según ha detallado, el modelo se sustenta en “contratos temporales, turnos extenuantes, falta de personal, medios insuficientes” y protocolos que en "algunos casos se remontan a 1999".

El núcleo del problema, según UGT, "reside en la externalización del servicio. Más de 35 empresas privadas se adjudican los contratos mediante licitaciones a la baja, lo que repercute directamente en las condiciones laborales. Recortan en medios, salarios y seguridad laboral”, ha explicado Maldea. Esta situación genera una "alta inestabilidad, con jornadas que pueden alcanzar las 22 horas en situaciones de emergencia, sin una formación adecuada ni los recursos necesarios para garantizar la seguridad".

La gestión, en el punto de mira: “Cada euro en prevención ahorra 100 en extinción”

Por su parte, Rodrigo Martín Rodríguez ha centrado su intervención en la "deficiente gestión del operativo". Aunque ha reconocido que el personal es “extraordinario”, ha criticado duramente que la administración autonómica lleva a cabo una gestión “desgastante”. Para ilustrarlo, ha utilizado una metáfora elocuente: “Es como si para cambiar las ruedas de un todoterreno utilizan el gato de un vehículo utilitario. Hay que cambiar el concepto radicalmente”.

Martín ha insistido en una idea clave que, según él, la Junta ignora sistemáticamente: la prevención es más rentable que la extinción. “La inversión en prevención evita los gastos en extinción”, ha recordado, citando informes de colegios profesionales que estiman que cada euro invertido en trabajos preventivos ahorra hasta cien en la lucha contra las llamas. La palabra clave, ha subrayado, es “gestión”, una gestión que debe adaptarse a las necesidades actuales y al desafío del cambio climático.

La batalla por el reconocimiento: el bombero forestal que no existe

Tomás Pérez Ureña ha abordado uno de los problemas más profundos y simbólicos: la falta de reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal. “El compañero que ha muerto, todos los que han puesto que ha muerto un Bombero Forestal, no estaban diciendo la verdad, no porque no quisieran, sino por desconocimiento”, ha afirmado con rotundidad. Legalmente, para la Junta de Castilla y León, dicha categoría no existe, lo que deja a los trabajadores en un limbo administrativo "con graves consecuencias".

Esta carencia "impide el desarrollo de una carrera profesional, una formación continua y el reconocimiento de enfermedades profesionales derivadas de la exposición al humo y a sustancias tóxicas". Pérez Ureña ha destacado la paradoja de que los trabajadores de la empresa pública estatal Tragsa, que "operan en la misma comunidad, sí tienen reconocida esta categoría". Esto crea un sistema a tres velocidades, con "enormes diferencias salariales y de derechos entre trabajadores que realizan la misma labor, a menudo codo con codo en la línea de fuego".

Incendios del siglo XXI con herramientas del siglo XX

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha sido tajante al afirmar que la administración sigue anclada en el pasado. “La Junta todavía está con los mismos argumentos que estaban en el siglo XX. Llevamos 25 años en el siglo veintiuno”, ha criticado. Según ha explicado, los incendios actuales son de “sexta generación”, un fenómeno nuevo que requiere técnicas y formación especializadas que el operativo actual no proporciona. La formación, en muchos casos, "se limita a cursos teóricos de unas pocas horas", según los miembros de UGT, acusación que ha recibido la respuesta del presidente autonómico, Alfonso Fernández-Mañueco.

Además, ha denunciado que "la Junta no cubre las plazas vacantes para ahorrar costes, debilitando aún más los equipos". Pérez Ureña también ha querido desmitificar la idea de que la solución es “llamar al ejército”, diferenciando claramente entre los soldados rasos sin formación específica y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que es un cuerpo altamente especializado. La solución, ha defendido, "no es depender de la UME, sino construir un servicio de emergencias propio, profesional y permanente".

Ante este panorama, las exigencias de UGT son claras: "Contratos estables de 12 meses, el reconocimiento inmediato de la categoría de bombero forestal, la actualización del plan Infocal, una inversión pública suficiente que ponga fin al modelo de externalización y, sobre todo, un cambio de mentalidad que priorice la prevención y la profesionalización. La Junta no puede permitirse ya más tiempo el echar la responsabilidad a los demás, tiene que asumir sus propias responsabilidades”, ha concluido Pérez Ureña.