La Junta rechaza reducir a dos años los contratos de interinos por el riesgo para los servicios públicos

La Junta de Castilla y León se opone frontalmente a la propuesta del Gobierno de España para reducir la duración máxima de los nombramientos del personal interino de tres a dos años. Desde el ejecutivo autonómico se argumenta que la medida podría generar "disfunciones" en la prestación de servicios básicos como la sanidad o la educación y resulta ineficiente para la gestión de los recursos humanos.

El rechazo ha sido formalizado este miércoles por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante su participación en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. En este encuentro, presidido por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, se han abordado varias modificaciones legislativas planteadas de forma unilateral por el Gobierno central.

La principal propuesta del Ejecutivo nacional consiste en modificar el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) para endurecer las condiciones de permanencia del personal interino. Además, el Gobierno pretende reformar la Ley de Transparencia de 2013 para introducir un régimen sancionador contra las Administraciones Públicas que incurran en irregularidades en la duración de estos contratos temporales.

El principal argumento del Gobierno autonómico se centra en que la limitación a dos años no tiene en cuenta la realidad operativa de sectores esenciales para la comunidad. Según ha expresado González Gago, los esfuerzos para estabilizar las plantillas deben compatibilizarse con la garantía de continuidad y calidad de los servicios, un reto especialmente complejo en un territorio tan extenso y disperso como Castilla y León.

Desde la Junta se subraya que el tiempo necesario para aprobar una Oferta Pública de Empleo y desarrollar el posterior proceso selectivo supera habitualmente los dos años propuestos. Esta circunstancia, afirman, convierte la limitación en una medida "ineficiente" para asegurar la correcta cobertura de las plazas. "Establecer un plazo máximo de dos años de forma generalizada y sin excepciones podría provocar disfunciones en la prestación de servicios básicos, dificultar la gestión ordinaria de los recursos humanos, y limitar la capacidad de respuesta de la Administración ante situaciones imprevistas o coyunturales", ha advertido el consejero.

En cuanto a la propuesta de sancionar la temporalidad, la Junta también ha mostrado su oposición a que se utilice la Ley de Transparencia para este fin. El ejecutivo regional considera que dicha ley "no es el instrumento adecuado para regular ni controlar aspectos vinculados a la contratación o a la gestión del personal en las Administraciones Públicas".

En palabras de González Gago, la temporalidad debe abordarse a través de la normativa laboral y administrativa específica. El consejero ha defendido que es necesario "respetar las competencias de cada ámbito y evitando la generación de duplicidades o conflictos normativos que podrían complicar la gestión pública sin aportar mayor seguridad jurídica ni eficacia en la lucha contra la temporalidad".

A pesar de estas importantes discrepancias, el Gobierno autonómico sí ha mostrado su conformidad con otras propuestas del ministerio. La Junta acepta la creación de un aplicativo informático que facilite el control y seguimiento de la temporalidad en el sector público, reconociendo que podría ser una herramienta útil para una gestión más transparente.

Del mismo modo, Castilla y León apoya las medidas destinadas a impulsar la transformación digital de las administraciones para agilizar los trámites. También respalda la creación de un Grupo de Trabajo para desarrollar una red de interconexión entre los servicios de atención al ciudadano, con el objetivo de mejorar la coordinación y la rapidez en la respuesta a las necesidades de la población.