Garray, un aeródromo en 'tierra de nadie' por un limbo competencial entre AESA y la Junta

Miembros de la Comisión de Planes Provinciales de la Diputación ha visitado este miércoles las instalaciones del Aeroparque Tecnológico e Industrial (ATI) de Garray para conocer de primera mano la situación de parálisis que afecta al proyecto. Según la institución provincial, el bloqueo se debe a un conflicto sobre las competencias entre la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Junta de Castilla y León.

El diputado responsable del ATI, José Antonio de Miguel Nieto, ha explicado de forma pormenorizada a los miembros de la comisión la evolución de un proyecto que se considera estratégico para la provincia. Durante la visita, se han recorrido las instalaciones, incluyendo el hangar recientemente adquirido a Airpull y los terrenos previstos para la ampliación y para la futura base del helicóptero medicalizado del Sacyl.

El principal escollo que frena el desarrollo del aeródromo es un limbo administrativo. En la institución provincial señalan que AESA y la Abogacía del Estado afirman que las competencias sobre la infraestructura están en manos de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, el gobierno regional desmiente este punto, argumentando que el traspaso no será efectivo hasta que se reúna la Comisión Mixta de Transferencias y se definan el personal y el presupuesto asociados.

Esta falta de claridad sobre quién ostenta la autoridad competente tiene consecuencias directas y graves para el proyecto. Por un lado, impide que la nueva empresa adjudicataria de la gestión, Usado For Sale SL, pueda hacerse cargo de las instalaciones. Esta situación ha obligado a prorrogar por dos veces el contrato con la anterior gestora, Airpull Aviation.

Además, el conflicto mantiene bloqueada la ampliación de la pista del aeródromo, una obra clave para el futuro del ATI. La Junta tiene presupuestados más de 5 millones de euros para ejecutar esta actuación a través del Somacyl, pero el permiso necesario lleva más de un año de retraso a la espera de una resolución por parte del organismo competente.

Ante esta parálisis, la Diputación provincial ha anunciado que recurrirá a un bufete de abogados especializado para intentar resolver la situación. La institución no descarta incluso exigir daños y perjuicios al organismo que se considere responsable de impedir el avance de un proyecto destinado a atraer inversión y crear empleo de calidad en el sector aeronáutico.

Paralelamente, los trámites para las expropiaciones necesarias para la ampliación continúan su curso. Las alegaciones presentadas han sido informadas desfavorablemente y se llevarán al próximo pleno de la Diputación para su aprobación definitiva.