Castilla y León pone fecha de caducidad al amianto: un nuevo censo para proteger a los pueblos más vulnerables

La Junta de Castilla y León ha puesto en funcionamiento en marcha una nueva herramienta para acelerar la eliminación del amianto en la Comunidad. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, impulsará, con la ayuda de las diputaciones provinciales, la creación de un censo de instalaciones y emplazamientos que todavía contengan este material en lugares de trabajo. El objetivo es facilitar y programar su retirada completa antes de la fecha límite de 2028.

La medida se dirige especialmente a los municipios de menos de 5.000 habitantes, que recibirán apoyo para cumplir con la normativa y planificar la retirada según el grado de peligrosidad. El anuncio fue realizado este martes por el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, durante una visita a una explotación agrícola en La Serrada (Ávila), donde pudo comprobar los trabajos de sustitución de cubiertas de fibrocemento.

Una inversión millonaria en seguridad laboral

Este nuevo censo se suma a las líneas de ayuda ya existentes. Durante la presente legislatura, la Consejería ha invertido más de 11 millones de euros en un programa para la retirada segura y sustitución de cubiertas con amianto. Gracias a esta iniciativa, un total de 592 centros de trabajo en Castilla y León ya han podido eliminar este elemento de sus instalaciones.

Un ejemplo de ello es la explotación agrícola de Miguel Herráez, visitada por el director general. Este empresario ha sido beneficiario de dos subvenciones para cambiar las cubiertas de fibrocemento de sus naves agrarias. Barrios subrayó que estas medidas responden al compromiso de la Junta de "prestar apoyo, fundamentalmente, a aquellas empresas y municipios con mayores dificultades de inversión, como pueden ser las pequeñas empresas y los municipios del ámbito rural".

Otros programas de prevención en el medio rural

La colaboración con las diputaciones provinciales ha sido clave para desarrollar otros programas de prevención de riesgos laborales en el entorno rural. Entre ellos destaca la adquisición de desfibriladores para municipios de menos de 2.000 habitantes, con una inversión autonómica de 1,6 millones de euros.

A esta iniciativa se suman el programa 'Montel Seguro', que ha destinado 7,9 millones de euros a la compra de equipos y maquinaria para trabajadores forestales, y el programa 'Seguridad Rural'. Este último, con una inversión de 6,7 millones de euros, se ha centrado en mejorar las condiciones de seguridad en centros de trabajo de localidades con menos de 2.000 habitantes.