Tras un nuevo retraso en el finiquito, los extrabajadores de Losán pedirán la ejecución de sentencia

La paciencia se ha agotado para la docena de extrabajadores de la factoría Losán en Soria que acordaron suspender, de manera voluntaria y consensuada, su relación laboral con la empresa. Tras semanas de espera, vuelve a abrirse un capítulo más sobre promesas incumplidas, por lo que han decidido materializar una opción que ya barajaron en octubre: solicitarán la ejecución de la sentencia judicial para reclamar el 40 % de sus finiquitos, una cantidad que la compañía se había comprometido a abonar antes de que finalizase este noviembre.

La situación, hoy 3 de diciembre, repite un patrón que los afectados ya vivieron con la demora en los pagos, algo que les llevó a exigir públicamente sus derechos. En aquella ocasión, la presión mediática pareció surtir efecto y la empresa realizó varios abonos parciales. Sin embargo, el compromiso de liquidar la totalidad de la deuda antes de concluir noviembre no se ha producido, deviniendo, otra vez, incertidumbre y desconfianza en los afectados.

Félix Pérez, uno de los portavoces del colectivo, ha explicado a Soria Noticias que la decisión de acudir a los tribunales responde a la "nula seriedad" demostrada por la dirección de Losán. "Nosotros lo único que le pedimos es que nos dé nuestro dinero y que nos deje salir para seguir con nuestras vidas", ha afirmado a la vez que ha desvelado la situación de un grupo de personas que solo busca cerrar una etapa laboral y poder mirar hacia el futuro.

Un "voto de confianza" roto

Para llegar a este punto es preciso recordar los acuerdos entre partes, oficiados "de buena fe" por la parte de la plantilla y los cuales, según los extrabajadores, la empresa ha vulnerado de nuevo. Lo pactado pasaba por que en noviembre todas las cantidades serían liquidadas. Tras la denuncia pública de octubre, Losán efectuó dos pagos del 10 % y un tercero el 17 de noviembre, lo que llevó a los afectados a conceder un último "voto de confianza" a la compañía.

Sin embargo, la llegada de diciembre sin el 40 % restante en sus cuentas ha sido la gota que ha colmado el vaso. "Le quisimos dar otra vez el voto de confianza, para ver si en noviembre terminaba ya todo de liquidar y no lo teníamos que llevar a juzgado, pero ahora nos vemos en otra tesitura", ha lamentado Pérez. La decisión de ejecutar la sentencia, coordinada con el sindicato UGT, es ahora firme.

El temor a una estrategia para dilatar los pagos

Más allá del impago, entre los extrabajadores existe la seguridad de que la demora responda a una estrategia calculada por parte de la empresa. el portavoz de este grupo de exempleados sospecha que el objetivo es alargar la situación hasta el próximo año para acogerse a un nuevo marco legal que pueda resultar beneficioso para la propietaria. "Tiene su estrategia y lo quiere llevar a un puerto en el cual se pueda defender", ha observado.

Esta percepción se fundamenta en la creencia de que en 2026 la compañía podría, por ejemplo, presentar "un plan de reestructuración nuevo" o realizar "gestiones para que la empresa se pueda defender de otra manera". Una maniobra que, según temen, podría perjudicarles gravemente al ver cómo se dilatan los plazos. Además, los afectados creen que la dirección busca "cerrar la empresa desprendiéndose de los trabajadores de la manera más económica posible".

"Dar luz al problema"

Los extrabajadores quieren al hacer pública su situación para evitar que un conflicto, que viene arrastrándose años, caiga en el olvido. Se trata de impedir que la empresa busque, con el silencio, acallar las reclamaciones sobre sus obligaciones dinerarias. "Queremos dar luz a esto para que se dé cuenta de que lo que está haciendo no es ni medio normal", ha declarado Félix Pérez sobre Losán. Es una forma de advertir a la compañía de que no se quedarán de brazos cruzados.

El perjuicio, ha explicado, va más allá de lo económico. Los pagos pendientes les impide pasar página y les mantiene atados a un problema que daban por zanjado. El hallar otro destino laboral puede hacer que la parte deudora pueda sacar provecho "escatimando" las cantidades convenidas. Por ello, se hace necesario actuar de manera contundente para evitar los posibles riesgos que puede acarrear esta situación. Es, en resumen, zanjar un problema que sigue vivo y latente y así dar continuidad a la vida de cada uno de los afectados, un derecho que, aseguran se les está negando.