CSIF Castilla y León hace balance de 2025 destacando el desbloqueo de la subida salarial y los acuerdos en educación. El sindicato exige un cambio urgente en el modelo de prevención de incendios y marca la hoja de ruta para 2026.
El presidente autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Castilla y León, Benjamín Castro, ha realizado este viernes un balance del año que termina, definiendo a la organización como el «principal dique de contención frente al deterioro de los servicios públicos» en la Comunidad. Durante el tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación, el líder sindical ha repasado los hitos de 2025, un ejercicio que ha calificado de «complejo» y marcado por el «ruido político», pero en el que se han logrado avances significativos en materia salarial y educativa.
Castro ha subrayado que, frente a la confrontación institucional, el sindicato ha optado por la independencia y el diálogo en las mesas de negociación. «Nuestro sindicato ha estado en la calle y en los tribunales, centrado en solucionar los problemas laborales de los trabajadores», ha asegurado, reivindicando el papel de CSIF como motor de nuevos derechos.
Uno de los puntos clave del balance ha sido el acuerdo salarial alcanzado el pasado mes de noviembre. Según ha explicado la organización, este pacto ha permitido romper la congelación retributiva que se intentó imponer a los empleados públicos a principios de 2025, una medida que CSIF ha calificado de inédita en democracia «sin una crisis económica que lo justificara».
El acuerdo no solo desbloquea la subida salarial, sino que incorpora una cláusula de revisión y garantiza el pago de atrasos. No obstante, Benjamín Castro ha lanzado una advertencia clara a las administraciones: el sindicato «vigilará de forma estricta su cumplimiento» para asegurar que las mejoras lleguen a las nóminas de todos los empleados públicos.
En el ámbito educativo, el sindicato ha puesto en valor el preacuerdo firmado en julio de 2025. Este pacto ha permitido desatascar reivindicaciones históricas del sector en Castilla y León. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
A pesar de estos logros, Castro ha recordado que aún existe una brecha salarial significativa con otras comunidades autónomas, que en algunos casos alcanza los 800 euros mensuales, por lo que seguirán exigiendo la subida de los complementos autonómicos.
El tono más crítico del balance se ha centrado en la gestión medioambiental. Tras un año calificado como «especialmente duro» en la Comunidad, con más de 138.000 hectáreas quemadas y el fallecimiento de un bombero forestal y dos voluntarios, CSIF considera que el modelo de la Junta «ha fracasado».
La organización exige un cambio urgente hacia un operativo 100 % público y profesionalizado que esté activo durante todo el año. Asimismo, reclaman la aprobación inmediata de la Ley de Agentes Medioambientales y la creación del cuerpo de bomberos forestales, normativas que, según denuncian, la administración autonómica mantiene paralizadas.
«La sanidad pública no se salva con aplausos, se salva con leyes», ha sentenciado Castro al abordar la situación sanitaria. El sindicato ha valorado positivamente la nueva Ley de Medidas Extraordinarias para puestos de difícil cobertura, destacando que gran parte de las sugerencias incluidas provienen de CSIF, aunque consideran que los incentivos económicos deberían actualizarse respecto a los baremos de 2019.
Por otro lado, mantienen sus «exigencias irrenunciables» respecto al nuevo Estatuto Marco, cuya negociación ha provocado convocatorias de huelga. Estas demandas incluyen la eliminación de las guardias de 24 horas, la jubilación parcial anticipada y la reclasificación profesional de enfermería y técnicos superiores.
Más allá de la función pública, CSIF ha destacado su consolidación en el sector privado, con un incremento del 10 % en afiliación y delegados durante 2025. Actualmente, el sindicato cuenta con presencia en 200 empresas y 90 comités en la región.
De cara a 2026, un año que estará condicionado por el calendario electoral, la organización marca como prioridades la actualización de la Ley de Función Pública de Castilla y León y la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para implantar la enfermería escolar en todos los centros educativos de la Comunidad.
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