El CIEDA presenta en Soria los resultados de sus investigaciones sobre la gestión jurídica de los montes públicos y la ciberseguridad en instalaciones nucleares. El centro avanza nuevos proyectos para 2026, incluyendo iniciativas de restauración ambiental y ampliación de plantilla.
El Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA), con sede en Soria, ha presentado los resultados de su actividad investigadora reciente ante la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno. El organismo ha centrado sus esfuerzos en dos áreas estratégicas: el análisis jurídico de la gestión de los montes públicos y el estudio de la normativa sobre ciberseguridad en instalaciones nucleares. Durante la reunión, celebrada este mes de diciembre, se ha expuesto también la hoja de ruta para el próximo año 2026.
El informe pone de relieve la contribución del centro al conocimiento aplicado para mejorar la toma de decisiones públicas. La responsable del CIEDA, Eva Blasco, ha sido la encargada de detallar los avances en los proyectos principales, que cuentan con financiación nacional y europea, así como las necesidades de personal para consolidar la actividad científica en la provincia.
Uno de los ejes fundamentales del periodo ha sido la culminación de la «Red Estatal de Montes Públicos», una iniciativa desarrollada en colaboración con Cesefor y que cuenta con un presupuesto de 181.316 euros. Este proyecto, financiado por la Fundación Biodiversidad e integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), analiza el marco legal de los terrenos forestales de titularidad pública, tanto de comunidades autónomas como de entidades locales.
El estudio revisa los instrumentos de planificación y las reglas administrativas que rigen los aprovechamientos forestales, con especial énfasis en el aprovechamiento maderable. Según explicó Blasco, se ha prestado una atención específica a la «enajenación», es decir, el proceso de adjudicación o venta de lotes de madera mediante procedimientos públicos.
El objetivo de este análisis jurídico es verificar los trámites y garantías exigidos para asegurar la transparencia, la concurrencia y la seguridad jurídica. De este modo, se busca garantizar que la gestión forestal se sustente en una planificación adecuada y un control administrativo riguroso. La entrega de la documentación técnica y económica de este proyecto está prevista para el próximo 27 de febrero de 2026.
La segunda gran línea de investigación es el proyecto ALACRÁN («Amenazas y Leyes en el ámbito cibernético para instalaciones radiológicas y nucleares»), desarrollado junto a la entidad colaboradora CISOF. Este estudio parte de la premisa de que las infraestructuras críticas dependen cada vez más de la tecnología digital, lo que las hace vulnerables a incidentes que podrían comprometer su seguridad o la continuidad del servicio.
El proyecto revisa la normativa nacional e internacional, así como las responsabilidades y estándares de prevención ante amenazas digitales. Se establece una distinción clara entre:
La investigación incluye un análisis comparado con países que poseen una alta potencia nuclear instalada para observar sus enfoques regulatorios. Este proyecto continuará en ejecución durante el próximo ejercicio, siendo 2026 su último año de vigencia.
En el ámbito de la transferencia de conocimiento, el CIEDA mantiene una actividad constante a través de publicaciones especializadas. Destaca la revista Actualidad Jurídica Ambiental, que ha renovado el sello de calidad de la FECYT, y su participación en el Observatorio de Políticas Ambientales (OPAM) 2025, coeditado con el BOE. En esta última obra, el centro asume el análisis sobre la Red Natura 2000.
De cara al futuro inmediato, el CIEDA prepara una nueva propuesta junto a la Universidade da Coruña para la convocatoria estatal de Proyectos de Generación de Conocimiento. Bajo el nombre de ECORESET, la iniciativa buscará avanzar hacia modelos más eficaces de compensación y restauración de la naturaleza en proyectos de impacto estratégico.
En cuanto a recursos humanos, el centro cuenta actualmente con cuatro profesionales. El informe presentado al Subdelegado recoge la intención de incorporar dos nuevos perfiles de apoyo —uno jurídico y otro documentalista— a través de la convocatoria 2025 del CIEMAT, con el fin de reforzar la capacidad investigadora del organismo en Soria.
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