Salduero mejora significativamente la rendición de sus cuentas

El Pleno del Consejo de Cuentas, reunido esta mañana bajo la presidencia de Mario Amilivia, ha dado luz verde a un balance que invita al optimismo respecto a la salud de la gestión pública en la comunidad. El grado de aceptación de las recomendaciones efectuadas por el órgano fiscalizador ha escalado hasta el 72% en este ejercicio 2024, lo que supone un incremento de 18 puntos respecto a los datos registrados hace tan solo un año. Se trata de un análisis que la institución viene realizando por mandato legal desde 2013, permitiendo testar si ayuntamientos, diputaciones y la propia Junta de Castilla y León aplican adecuadamente las correcciones propuestas para mejorar el manejo de los recursos de todos.

Este trabajo, que cierra la actividad plenaria del año, no se ha limitado a una fría estadística cuantitativa, toda vez que por primera vez se ha evaluado la importancia cualitativa de estas aportaciones y su impacto real. De las 205 recomendaciones emitidas en 14 informes de fiscalización, se ha analizado el cumplimiento de 148, observándose que las administraciones han interiorizado la necesidad de mayor transparencia. Al desgranar las cifras, las diputaciones provinciales lideran el compromiso con un 80% de aceptación, seguidas por los municipios con un 63% y la administración autonómica, que alcanza el 60%.

El impacto de estas fiscalizaciones tiene nombres propios en la geografía regional y deja buenas noticias para la provincia. Mientras grandes consistorios como el de Ponferrada o Guijuelo han corregido deficiencias en tesorería, recaudación y contratación, resulta destacable el esfuerzo de los pequeños núcleos rurales. Localidades como la soriana Salduero, junto a otras poblaciones de la comunidad como Ciadoncha, La Pola de Gordón o Santa Eufemia del Barco, han logrado mejorar significativamente la rendición de sus cuentas en los últimos tiempos, respondiendo positivamente a los toques de atención del Consejo.

En el ámbito cualitativo, el informe destaca que los avisos del Consejo han tenido efectos tangibles en la administración autonómica, acelerando el reparto de fondos específicos y mejorando la imputación presupuestaria de ingresos. Asimismo, se ha notado una mayor diligencia en algunas consejerías a la hora de contemplar penalidades a contratistas en servicios de limpieza y vigilancia, así como en el perfeccionamiento de los pliegos de contratación para exigir mayores requisitos de solvencia, descartando criterios subjetivos en favor de fórmulas matemáticas automáticas, como ha ocurrido en la Diputación de Valladolid.

De cara al horizonte de 2026, el Consejo no baja el ritmo y ha diseñado una hoja de ruta que contempla 18 nuevos trabajos de fiscalización. La lupa se pondrá sobre los servicios públicos esenciales que vertebran la comunidad, como la sanidad y la educación, pero también sobre aspectos de rabiosa actualidad como las políticas de vivienda que están desarrollando los municipios. Como novedad, se fiscalizará la receta electrónica para mejorar su operatividad y seguridad, además de abordar la contabilidad electoral derivada de los próximos comicios autonómicos y la publicidad institucional.

La sesión de hoy ha servido también para aprobar el seguimiento sobre la seguridad informática en el Ayuntamiento de Villaquilambre, completando así un ejercicio en el que el Consejo de Cuentas ha validado un total de 21 trabajos. Con un endeudamiento autonómico que se mantiene en torno al 18% del PIB, inferior a la media nacional, la institución afronta el nuevo año reforzando su seña de identidad municipalista, con especial atención a las entidades locales menores y a los servicios en municipios de menos de 500 habitantes.