La Subdelegación refuerza la vigilancia policial y ofrece a las familias de Navaleno una atención inmediata a través del 062

Más vigilancia en las entradas y salidas del colegio. Es una de las conclusiones de la reunión mantenida esta mañana entre el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y las familias de los niños escolarizados en Navaleno, preocupadas tras el suceso que protagonizó un vecino tras haberse atrincherado en su vivienda y retener a sus dos hijos de corta edad.

El hombre había sacado del colegio a los menores y se encerraba con ellos en el domicilio al enterarse que estaba siendo denunciado por violencia de género.

El Subdelegado del Gobierno ha confirmado esta mañana a las familias que se va a intensificar la presencia policial, especialmente en los horarios de entradas y salidas al colegio, momentos críticos señalados por los progenitores.

Además del refuerzo presencial, se ha ofrecido a los padres una vía de comunicación directa. "Les hemos ofrecido a través del 062 una atención inmediata ante cualquier circunstancia para enviar patrullas rápidamente en caso de que se sientan amenazados o acosados", asegura Latorre, que ha instado a las familias a denunciar cualquier situación de riesgo y a no dejarse llevar únicamente por las emociones, aunque reconociendo que "el miedo es libre y los padres lo tienen".

En este sentido, fuentes vecinales consultadas por Soria Noticias manifiestan que existe incertidumbre en el pueblo tras el suceso. Profesores y familias prefieren, según estas fuentes, que los niños no asistan al colegio “hasta que la cosa esté más calmada y haya seguridad para evitar cualquier tipo de problemas”.

La situación cuenta ya con una respuesta judicial firme. Según ha detallado la Subdelegación, la jueza encargada del caso ha dictado medidas cautelares que incluyen una orden de protección tanto para la madre como para los hijos. Estas medidas implican el uso de una pulsera telemática y una orden de alejamiento del padre respecto a la madre.

La función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este punto es clara: "Vigilamos que se cumplan las medidas, que es nuestra obligación, así como la de velar por la seguridad", considera Latorre.

Más allá del dispositivo de seguridad desplegado, la Subdelegación ha querido poner el foco en la raíz del conflicto. El representante del Gobierno en la provincia cree que la respuesta policial, aunque necesaria para garantizar la seguridad inmediata, es una solución “a corto plazo”.

"El fondo es un problema de convivencia, de integración y de salud también, si es que esta persona tiene algún problema de salud, que desconozco", ha matizado el representante institucional. En este sentido, se ha hecho hincapié en que resolver una situación puntual de inseguridad no soluciona el conflicto estructural.

Por ello, se ha establecido contacto con la Junta de Castilla y León, administración competente en materias de familia, servicios sociales y salud. Desde la Subdelegación se aboga por analizar el caso desde todos los aspectos para encontrar una solución duradera que garantice el bienestar de todos los implicados.