Plantilla de Losán, cuatro meses sin cobrar: "Que nos digan algo de una vez"

Más de una veintena de empleados del grupo Losán en Soria hacía acto de presencia frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno para hacer entrega de un escrito con el que instar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a que intervenga en una situación laboral incierta y con el fin de "garantizar la viabilidad de la actividad industrial y la protección del empleo", tal y como figura en el texto registrado oficialmente. Una entrega que no se ha visto acompañada de la presencia del subdelegado, según la queja de los interesados.

El panorama ha llegado a un punto de no retorno para muchas familias, con más de cuatro mensualidades adeudadas y una plantilla que se desmorona día tras día ante la imposibilidad de subsistir sin ingresos.

Sergio Hernando del Amo, presidente del comité de empresa, ha descrito la crudeza que supone para los afectados afrontar el presente. "Estamos ya a primeros de febrero, se nos acumula una nómina más y la gente no lo soporta", ha declarado. La cantidad de impagos ha forzado a una gran parte de los trabajadores a tomar medidas legales tajantes para poder buscar el sustento en otros destinos, ya que son muchas familias las que sufren esta situación. Según los datos que ha aportado Hernando, el número de empleados se ve, cada día, reducido. "Actualmente somos poco más de 50, de los cuales más de la mitad han tenido que denunciar los impagos porque no se puede aguantar con 4 mensualidades sin cobrar", ha desvelado.

El pronóstico a corto plazo que ha expresado el representante laboral resulta desolador para el tejido industrial de la provincia. Hernando ha advertido que, si no llega una solución inminente, la fábrica podría quedarse prácticamente vacía en un breve espacio de tiempo. "De aquí a 15 días no sé si van a quedar 10 personas en Losán porque hay que buscarse el pan de alguna manera", ha reiterado. Este abandono forzado no solo recae sobre los empleados directos, sino que, tal y como ha recordado, "nos va a afectar a toda la provincia, porque hay muchos puestos de trabajo indirectos que daban de comer en Losán".

Un impacto humano devastador y acusaciones de mala gestión

Más allá de las cifras macroeconómicas —recordar que el grupo adeuda 260 millones de euros—, el drama humano se ha hecho patente, otra vez, en la concentración de hoy. La falta de ingresos ha provocado situaciones de extrema vulnerabilidad entre los trabajadores, algunos de los cuales son matrimonios que dependen enteramente de la fábrica. "Hay gente con bajas psicológicas, esto les supera, no pueden dar de comer a su familia, no pueden pagar las hipotecas, no pueden pagar el gasoil para la calefacción", ha lamentado Hernando, quien ha calificado la situación de "insostenible".

Respecto a las causas que han llevado a esta coyuntura, los representantes de los trabajadores han apuntado directamente a la dirección de la empresa, tras haber ejercido "una mala gestión". De hecho, Hernando ha puesto el foco en la falta de inversión crónica que se ha venido cerniendo en la factoría soriana: "Salvo en el aserradero, que ahora no está operativo, "aquí llevan años sin invertir ni un euro. La sección de aglomerado se ha tenido que cerrar porque está obsoleta". Ello genera incomprensión sobre el destino de los fondos públicos recibidos por la firma anteriormente.

La exigencia de responsabilidad a las administraciones

César Moreno, empleado también, ha intervenido ante la prensa para exigir el fin de la "pasividad" de las administraciones y reclamar una "solución de futuro ya". Moreno ha recordado que las negociaciones con bancos, la SEPI y las administraciones se han extendido durante "prácticamente 8 meses" sin resultados tangibles, mientras la plantilla sigue "peleando y peleando". "Queremos que nos digan algo de una santa vez, porque así no podemos seguir", ha lamentado.

Moreno ha confirmado que el grupo ha recibido inyecciones económicas públicas en el pasado, tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas, pero ha cuestionado la fiscalización de dichos fondos. "La SEPI dio el dinero en 2020 o en 2021, en tiempo post COVID", al igual que han hecho los ejecutivos autónómicos de Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde el grupo mantiene centros de trabajo. Sin embargo, se ha mostrado crítico sobre el destino de estos fondos públicos en la capital. "Hicieron mala gestión, no les controlaron el dinero, y al final se fue, como siempre".

La crisis de Losán no se limita a Soria. Moreno ha señalado que existen concentraciones similares en Madrid y Galicia, y ha alertado sobre la situación en la planta de Cuenca, donde hoy se cumplían tres meses de impagos. "Van a denunciar todos, y me imagino que los jueces les darán la razón", ha pronosticado sobre sus compañeros conquenses. Precisamente hoy, trabajadores del grupo oficiaban una concentración frente a la sede del Ministerio de Hacienda.

El futuro inmediato continúa lleno de incertidumbre. Con apenas 20 personas que todavía no han denunciado el impago de sus salarios, por lo que un nuevo horizonte podría verse abierto de cara al futuro. "No sabeemos si el siguiente paso de la empresa será el concurso de acreedores, pero tampoco sabemos si el administrador concursal que coja esto será capaz de reflotarlo", ha concluido Moreno, reflejando el sentir de una plantilla que, tras dos años de lucha, sigue insistiendo en su voluntad de trabajar y en reclamar lo que se les debe.

Escrito

En el escrito cursado hoy, la plantilla exige un plan de viabilidad "real, garantista y supervisado" y pone énfasis en la incertidumbre que viven los empleados "derivada de la falta de un proyecto industrial claro por parte de la dirección del grupo". Un factor al que se le suma "la insuficiente carga de trabajo y la falta de planificación a medio y largo plazo", lo que debe de avalar la continuidad de la actividad productiva.

Además, para avalar las exigencias, los trabajadores recalcan las "consecuencias humanas" que se derivan de este panorama, como aumento de la ansiedad y malestar psicológico en la plantilla y el "impacto negativo en el tejido social y económico".

"No estamos ante una crisis empresarial", apunta el texto, en el cual, del mismo modo, queda patente la petición de garantías en el empleo y la creación de un marco de seguimiento y control para que cualquier apoyo público "esté condicionado a la continuidad de la productividad y al empleo".

Recalcando que no piden privilegios, sino "trabajo, futuro y responsabilidad empresarial", la plantilla incide en las 800 familias que se ven afectadas por este conflicto, lo que supone "un grave deterioro social, cuando existen alternativas industriales si se actúa con responsabilidad".