El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha solicitado al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, conocida habitualmente como zona catastrófica, para toda Castilla y León, así como la aprobación de una importante inyección económica para las entidades locales.
El Ejecutivo autonómico ha acordado solicitar esta declaración de emergencia para todas las provincias de Castilla y León, sin excepción, como respuesta a los daños provocados por los recientes fenómenos meteorológicos. La petición se fundamenta en el impacto de las borrascas Oriana y Pedro, que han azotado la región entre los días 13 y 19 de febrero de 2026. Con esta medida, la Junta busca activar los mecanismos estatales de ayuda y recuperación para paliar los efectos del temporal en el territorio.
En el apartado económico, la Consejería de la Presidencia ha autorizado una partida superior a los 65 millones de euros destinada a financiar los servicios públicos que prestan las entidades locales. Estos fondos se distribuirán entre los 2.248 ayuntamientos y las nueve diputaciones provinciales de la Comunidad. La cuantía total surge de la suma del Fondo de Cooperación Económica Local General (FCELG) y del Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad (FIP), recursos esenciales que se transfieren al inicio del año para garantizar la operatividad municipal.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha puesto el foco en la internacionalización del sector primario. Se han aprobado 1,5 millones de euros para la gestión de los estands de Castilla y León en siete ferias internacionales de referencia. Esta inversión, gestionada por el ICECYL, tiene como objetivo promocionar los productos agroalimentarios y vitivinícolas ante medio millón de potenciales compradores en eventos como Prowein (Alemania), IFE (Reino Unido) o Vinexpo Asia (Hong Kong), reforzando así la presencia de las empresas regionales en los mercados de Europa y Asia-Pacífico.
En otros ámbitos de gestión, se ha autorizado un importe de 60.000 euros para las universidades públicas de la Comunidad, con el fin de desarrollar actividades académicas y de difusión sobre asuntos europeos. También se ha dado luz verde a una subvención de casi 27 millones de euros para suministros en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos y ayudas menores para entidades sociales y educativas.
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