El sindicato también exige que los trabajadores que usan su vehículo particular para trabajar reciban las mismas ayudas que disfrutan los procuradores para los seguros de sus turismos.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Junta que eleve, de manera inmediata, el pago por kilometraje hasta los 0,31 €/km a los empleados públicos que tienen que usar su vehículo particular en desplazamientos laborales. Considera que mantener la actual compensación de 0,26 euros por kilómetro resulta “completamente insuficiente” en el presente contexto económico, marcado por el incremento del precio de los carburantes y por la inestabilidad internacional que está tensionando -de nuevo- los mercados energéticos.
Asimismo, pide establecer compensaciones por los gastos derivados del seguro del vehículo, que actualmente asumen íntegramente los trabajadores, al contrario de lo que ocurre con los procuradores de Cortes, que están recibiendo ayudas de 1.000 euros los que tienen dedicación exclusiva y 500 los que no la tienen (según acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 19 de julio de 2023). Un agravio comparativo que CSIF califica de “indecente” e “intolerable”.
Miles de profesionales, como los de sanidad y educación, deben desplazarse diariamente entre municipios o por amplias zonas rurales para garantizar la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, la compensación que reciben “no cubre ni de lejos los costes reales derivados del uso del vehículo, como el combustible, el mantenimiento, el desgaste, la amortización o el seguro. Los empleados públicos no pueden seguir financiando de su bolsillo la prestación de los servicios públicos en Castilla y León, muy especialmente en el medio rural. Es inaceptable”, dice Benjamín Castro, presidente de la Unión Autonómica de CSIF Castilla y León.
CSIF considera que el Decreto 252/1993 de la Junta de Castilla y León que regula las indemnizaciones por razón del servicio se ha quedado completamente desfasado y debe actualizarse, debido a la realidad económica actual y a los costes de movilidad. “La última vez tardaron 16 años en actualizar las cuantías, algo que no se puede volver a repetir” insiste Benjamín Castro.
La coyuntura geopolítica apunta, además, a que los elevados precios de los combustibles no serán una situación coyuntural, sino que pueden prolongarse en el tiempo, lo que agrava aún más el perjuicio económico que sufren miles de empleados públicos de Castilla y León que utilizan su vehículo particular para desempeñar su trabajo, en una Comunidad tan extensa y dispersa.
La organización sindical extiende esta reclamación del kilometraje a las diputaciones provinciales y demás entidades locales, ya que la mayoría eluden esta responsabilidad, remitiéndose a la normativa estatal o autonómica, cuando tienen plena capacidad para regular esas indemnizaciones.
Únete al universo Soria Noticias Descárgate nuestra APP, entra en nuestro canal de WhatsApp o síguenos en redes.