El vicepresidente segundo de la institución provincial, José Antonio de Miguel, ha anunciado que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Junta de Castilla y León ultiman un acuerdo. La resolución del conflicto, que generará un sobrecoste de 1,5 millones de euros, se espera en un plazo máximo de 15 días.
El proyecto del Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) de Garray ha experimentado un avance significativo en los últimos días. Tras más de dos años de retrasos, la Diputación Provincial de Soria ha recibido confirmación administrativa de que la situación ha estado a punto de resolverse mediante una solución pactada entre administraciones.
El vicepresidente segundo de la Institución, José Antonio de Miguel, ha explicado que la comisión mixta de transferencias entre el Estado y la Junta de Castilla y León ha acelerado sus trabajos. Según las previsiones que ha manejado el equipo de gobierno, el conflicto competencial ha quedado encauzado y se resolverá en un "plazo de dos semanas". Este giro en los acontecimientos ha paralizado la "intención inicial de la Diputación de acudir a los tribunales". La institución provincial ha contado con informes jurídicos, elaborados por un bufete externo, que han señalado a "AESA como responsable de las demoras al mantener la competencia sobre el expediente".
El cambio de rumbo en las negociaciones se ha producido tras la reciente visita a las instalaciones del general jefe de la base aérea de Zaragoza, el soriano Martínez. Durante su recorrido, ha podido comprobar el estado de las infraestructuras, que se han puesto a disposición del Ejército del Aire gracias a un convenio vigente con el Alto Estado Mayor. "Tengo que darle las gracias, porque al día siguiente de irse él, contarle, enseñarle todas las instalaciones, se preocupó", ha detallado De Miguel. Cree que el general "ha contactado con el director general de Aviación Civil de AESA para solicitar una solución al problema del aeródromo".
Aunque el vicepresidente ha reconocido tener una "sensación agridulce" al comprobar que el proyecto se ha reactivado tras esta llamada, ha valorado positivamente el resultado. "Me entristece, por un lado, porque ha habido algo que ha paralizado injustificadamente más de dos años todo este proyecto, pero, por otro lado, me alegra porque por lo menos estamos empezando a ver la luz", ha confesado.
La paralización del proyecto ha conllevado importantes consecuencias económicas. El encarecimiento de los materiales durante este periodo ha supuesto un "sobrecoste estimado en más de 1,5 millones de euros para la ejecución de las obras pendientes". Ante esta situación, la Junta de Castilla y León, a través de Somacyl, ha adquirido el "compromiso de asumir este incremento presupuestario". No obstante, la Diputación no ha descartado todavía la "posibilidad de reclamar estos perjuicios económicos por la vía legal", una decisión que, según ha indicado De Miguel, "aún no se ha adoptado formalmente en la Junta de Gobierno".
El inminente acuerdo también ha incluido el desbloqueo del contrato del nuevo gestor de las instalaciones. El adjudicatario, que ha firmado un acuerdo inicial de seis meses con posibles prórrogas hasta alcanzar los 18 meses, ha visto su contrato paralizado durante más de un año. La intención de la institución provincial ha sido reiniciar el cómputo de los plazos para no perjudicar a la empresa. "La intención nuestra es que los plazos de los 18 meses empiecen a contar a partir del día que le hagamos la adjudicación en forma", ha precisado el vicepresidente segundo.
Respecto a las causas y responsables de este bloqueo administrativo, De Miguel ha preferido mantener la cautela. "El día que tenga las respuestas te la diré, hoy las sospecho, pero no tengo pruebas", ha concluido.
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