Vox lleva a la Fiscalía los acuerdos municipales del Carnaval y Soria Rock

Vox ha registrado escritos ante la Fiscalía Provincial, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas de Castilla y León para que sea investigada la la gestión de diferentes espectáculos de ocio en la capital soriana. Una iniciativa que se centra en los expedientes tramitados para carnavales y el festival Soria Rock.

La concejal de la formación, Sara López, argumenta que el equipo de gobierno ha incurrido en prácticas contrarias a la normativa de contratación pública. La denuncia plantea la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos o fraude a la Administración. Según la formación, los responsables municipales "abusan de la figura del convenio y trocean los contratos para eludir la ley".

Para adjudicación del carnaval, por 38.720 euros, López detalla que se invitó directamente a tres empresas omitiendo el procedimiento abierto simplificado que exige la ley. Además, subraya la ausencia de pliegos previos para valorar las ofertas de forma objetiva.

Posteriormente, asguran, el Consistorio formalizó acuerdos individuales con los artistas propuestos por la empresa seleccionada. Según indican esta práctica busca "trocear" el objeto principal en contratos menores para esquivar los controles legales de publicidad y concurrencia pertinentes.

¿Cuál es la situación denunciada sobre el festival estival?

En cuanto a las ediciones del Soria Rock entre 2022 y 2025, la denuncia diferencia dos etapas. En el primer año, se utilizó un convenio de colaboración de 37.000 euros con una entidad privada, una figura que, según la concejal, sirvió para sortear la legislación vigente al tratarse de una prestación de servicios ordinaria que carecía del informe de la Intervención General.

Para las tres anualidades siguientes, el Ayuntamiento recurrió al procedimiento negociado sin publicidad alegando razones de exclusividad artística. La edil sostiene que se adjudicó a la misma mercantil bajo distintas denominaciones sin acreditar dicha exclusividad real sobre los músicos.

"A pesar de nuestras advertencias y de la falta de justificación técnica en los expedientes, el equipo de gobierno persiste en la utilización de esta fórmula de adjudicación directa a dedo", ha concluido la portavoz, justificando así la elevación del caso a los órganos fiscalizadores.