El portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha realizado las primeras valoraciones tras la detención del director gerente de Asistencia Sanitaria y la del responsable del Área Económica y de Servicios Generales. A petición de Soria Noticias ha apelado a la prudencia, ha defendido el funcionamiento ordinario del sistema sanitario provincial y ha subrayado que es la justicia quien debe esclarecer los hechos.
En las primeras declaraciones públicas sobre las detenciones por presunta prevaricación continuada en la cúpula de la Sanidad Soriana, la Junta de Castilla y León ha evitado cuantificar el posible impacto económico de las actuaciones bajo investigación.
A preguntas de Soria Noticias, el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que "no conocemos exactamente" el volumen de fondos públicos de la gestión objeto de investigación. "Cuando conozcamos las causas y los motivos del procedimiento podremos definir de qué expedientes se trata y, por tanto, cuantificar el importe del que estamos hablando", ha señalado, remitiendo cualquier valoración a futuro.
Respecto al funcionamiento de la sanidad en la provincia, el portavoz autonómico ha asegurado que no existe afectación en la actividad asistencial ni administrativa. "Hemos confirmado la normalidad en el funcionamiento del servicio sanitario en la provincia de Soria, tanto en la parte asistencial como en la parte administrativa, y todos los proyectos que estaban en marcha seguirán adelante", ha afirmado. Además, ha añadido que la actividad se mantiene "en los mismos criterios que hubiera sido la cobertura de una baja, incluso por vacaciones".
No ha contestado Carriedo a la pregunta sobre una posible auditoría en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. En este sentido, ha insistido en que el caso se encuentra en sede judicial y que la Junta colaborará con la investigación. "Estamos ante una investigación de carácter judicial. Corresponde a la justicia realizarla y nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario, aportando documentación o cualquier elemento de interés", ha indicado, reiterando el argumento repetido por la Junta desde la misma mañana de las detenciones.
En cuanto a la cobertura de las vacantes derivadas de las dimisiones y ceses, el portavoz ha explicado que la Dirección médica asume de forma provisional las responsabilidades. "Las vacantes se han cubierto provisionalmente de la forma habitual. Es la directora médica la que asume estas responsabilidades, pero en el plazo de unos días estableceremos los nuevos nombramientos que pudieran corresponder", ha precisado.
Paralelamente, el secretario autonómico del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez Mínguez, ha criticado desde Soria la gestión política del caso y ha acusado al presidente Alfonso Fernández Mañueco de "ignorar los problemas" al centrar la atención en otros asuntos. "Quiere hacer como que esto no existiera, como si fuera algo normal o cotidiano que la Guardia Civil detenga a dos cargos de libre designación", ha afirmado.
Martínez ha insistido en la libre designación y ha cuestionado la reacción institucional tras las detenciones. "Nada más salir de los juzgados ahí estaban en la puerta de un restaurante un senador del PP con los dos detenidos, como si pasaran por ahí", ha señalado, en referencia a las imágenes posteriores a las declaraciones judiciales.
El dirigente socialista ha ido más allá al advertir de una "falta de transparencia" en la gestión autonómica. "La Junta… parece que no va con ellos. Algo huele mal en todo esto", ha declarado, al tiempo que ha reclamado una revisión de la ley de transparencia de Castilla y León, que a su juicio "se ha quedado en el aire".
El caso se encuentra actualmente en fase de instrucción judicial. Los dos responsables sanitarios detenidos el martes por presunta prevaricación continuada fueron puestos en libertad con cargos tras declarar ante el juez, con la obligación de comunicar sus domicilios para futuras diligencias.
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