La asociación advierte de la situación por la que atraviesa el colectivo de jubilados en la región a la hora de disponer unas gafas adecuadas. El colectivo reclama al Gobierno ayudas económicas directas para evitar la pérdida de autonomía en estas personas.
La asociación de utilidad pública Visión y Vida alerta de que cerca de 128.000 personas mayores de 65 años en Castilla y León se encuentran en riesgo de padecer pobreza visual. Una situación derivada del alto coste de las ayudas ópticas frente a unas pensiones que obligan a priorizar gastos básicos, impidiendo a muchos ancianos disfrutar de una correcta salud ocular.
El informe presentado este jueves bajo el título 'Pobreza visual en la tercera edad', arroja luz sobre una realidad silenciosa que afecta a un segmento de la población especialmente vulnerable. Según ha explicado el presidente de la entidad, Salvador Alsina, el coste medio de unas gafas adecuadas para estas edades asciende a 495 euros, un desembolso que puede llegar a representar más de la mitad de la pensión mensual de muchos de los afectados, habida cuenta de que la pensión media de viudedad se sitúa en los 937 euros.
En el conjunto del país, la cifra de afectados supera los dos millones de personas, siendo que en Castilla y León el riesgo alcanza a 127.806 mayores. Los datos se enmarcan en un contexto donde el 23,7 por ciento de los castellanoleoneses se encuentra en riesgo de pobreza según la tasa AROPE, un porcentaje ligeramente inferior a la media nacional del 25,7 por ciento. A esta precariedad económica se suman otros factores agravantes como la soledad residencial, las barreras de movilidad y el propio desconocimiento de las soluciones existentes, lo que aboca a muchos ancianos a resignarse a perder calidad visual.
Toda vez que la esperanza de vida continúa en aumento, desde la asociación inciden en la necesidad de proteger a este colectivo para evitar el alto coste social que se derivaría de su mala visión. Alsina ha lamentado que muchas personas acepten ver un poco peor, asumiendo con ello el riesgo de perder autonomía y aumentar la probabilidad de caídas, aislamiento y dependencia. Por ello, la entidad insta a las administraciones a implementar una cobertura estructural que garantice programas de prevención y ayudas económicas directas, de manera similar a lo que ya ocurre con el Plan VEO para los menores de 16 años.
Así las cosas, el colectivo hace un llamamiento urgente al Gobierno para integrar la salud visual en las políticas de envejecimiento activo. Habrá que estar a la espera de si las instituciones recogen el guante de esta reivindicación, puesto que, tal y como ha manifestado el presidente de Visión y Vida, disfrutar de una buena visión jamás puede ser considerado un privilegio, sino un derecho fundamental que no debería estar condicionado por motivos económicos.
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