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La Junta defiende la fiscalización “previa y posterior” de los contratos en plena investigación judicial en la Gerencia de Salud de Soria

La Junta defiende la fiscalización “previa y posterior” de los contratos en plena investigación judicial en la Gerencia de Salud de Soria

Actualizado 13/04/2026 12:48

La delegada territorial de la Junta en Castilla y León, Yolanda de Gregorio, ha defendido el sistema de control y fiscalización de los contratos públicos en un momento marcado por la investigación judicial por presunta prevaricación continuada en la Gerencia de Salud de Soria, que afecta a altos cargos del área sanitaria.

La delegada territorial de la Junta en Castilla y León, Yolanda de Gregorio, ha defendido hoy el sistema de fiscalización de contratos de la administración autonómica en un contexto marcado por la investigación judicial abierta por una presunta prevaricación continuada en la Gerencia de Salud, en la que están implicados el director gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, y el responsable del Área de Servicios Generales y del Área Económica, Óscar Pérez.

La responsable territorial de la Junta en Soria ha insistido en la presunción de inocencia de los investigados y ha subrayado que el procedimiento debe desarrollarse sin interferencias. Ha pedido que sea la justicia la que actúe “como tiene que actuar” y ha reclamado prudencia ante un proceso que, según ha señalado, aún se encuentra en curso.

Sobre el funcionamiento interno de la Gerencia de Salud, ha explicado que la estructura organizativa se mantiene operativa mediante sustituciones previstas en la normativa vigente. En este caso, la dirección médica ha asumido la cobertura temporal de la vacante generada en la dirección de la Gerencia, a la espera de la evolución del procedimiento.

En cuanto al control del gasto público y la eventual revisión de contratos, la delegada ha defendido que toda la actividad económica de la Junta está sometida a mecanismos de fiscalización previa y posterior, conforme a la normativa de la Intervención General. Ha añadido que cualquier nueva actuación de auditoría o revisión específica deberá esperar a la resolución del procedimiento judicial.

La oposición ha reclamado explicaciones políticas y posibles responsabilidades, pero la representante del Ejecutivo autonómico ha evitado darlas, insistiendo en que el momento actual exige centrarse en el desarrollo del proceso judicial y en el funcionamiento ordinario de los servicios públicos.

Las declaraciones se producen a las puertas de la constitución de las Cortes de Castilla y León, mañana, y del inicio de una nueva legislatura en la que no está confirmado si la actual delegada continuará en el cargo. Ella misma ha señalado que permanece “a disposición” del presidente autonómico para seguir desempeñando sus funciones o asumir cualquier otra responsabilidad.

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