La Junta de Castilla y León ha prometido un “apoyo total y absoluto” a la empresa Huf y a sus trabajadores tras la manifestación celebrada el sábado en El Burgo de Osma contra el plan de despidos y el ERTE previsto. La delegada territorial ha anunciado una batería de reuniones en los próximos días para tratar de encauzar un conflicto que ya afecta de forma directa al empleo en la comarca.
La Junta de Castilla y León ha salido al paso de la situación generada en la planta de Huf en El Burgo de Osma tras la manifestación celebrada el sábado por la plantilla. La delegada territorial ha asegurado que la administración autonómica mantiene un “apoyo total y absoluto” tanto a la empresa como a los trabajadores en un contexto marcado por los despidos ya ejecutados y el expediente de regulación temporal de empleo previsto.
El conflicto laboral se agrava en una factoría que cuenta con alrededor de 380 empleados y que ya ha registrado 13 despidos efectivos, con otros 16 previstos antes de que finalice el mes. La empresa ha planteado además la activación de un ERTE a partir de mayo, lo que ha provocado la reacción de la plantilla y su salida a la calle.
En respuesta a esta situación, la delegada territorial ha confirmado hoy que la Junta ha mantenido contactos con la empresa, los representantes de los trabajadores, el viceconsejero y el Ayuntamiento de El Burgo de Osma. En ese marco, se ha fijado una agenda de trabajo que incluye una reunión este jueves en la localidad con responsables de la compañía y, posteriormente, un encuentro con la plantilla.
La administración autonómica insiste en que su papel es el de facilitar vías de diálogo y activar los instrumentos de apoyo disponibles. Entre ellos, ha mencionado posibles líneas orientadas a la mejora de la eficiencia energética o la competitividad empresarial, dentro del marco de actuación de la Junta.
El Ejecutivo autonómico enmarca su intervención en una estrategia más amplia de acompañamiento a empresas en dificultad en la provincia de Soria, citando precedentes como Gamesa u Ondara, donde se han articulado ayudas y procesos de mediación. También ha aludido a la situación de Losán, en la que la administración afirma haber contribuido al pago de salarios y explora fórmulas de continuidad condicionadas al acuerdo con entidades financieras.
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